Brasil investigará casos de genocidio y delitos ambientales en la mayor reserva indígena del país
El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Flávio Dino, ordenó la apertura de una investigación sobre delitos de genocidio y delitos ambientales en la reserva indígena Yanomami, en el estado de Roraima, según un comunicado de la institución emitido este sábado.
"El presidente Lula determinó que las leyes se cumplan en todo el país. Y eso vamos a hacer en relación al sufrimiento criminal impuesto a los yanomamis. Hay fuertes indicios del delito de genocidio", aseguró el ministro.
La investigación, que comenzará este lunes 23 de enero, estará a cargo de la Policía Federal "para identificar a los responsables y sancionar a los culpables".
La reserva indígena Yanomami, la más grande de la nación, se ha visto afectada por la invasión de los mineros. Según el Ministerio de los Pueblos Indígenas, 99 niños yanomami, de entre uno y cuatro años, fallecieron por causa del avance de la minería ilegal en la zona durante 2022. La dependencia estima que en total 570 niños han muerto a causa de la contaminación por mercurio, desnutrición y hambre.
Además, se confirmaron 11.530 casos de malaria, que afectaron principalmente a los indígenas mayores de 50 años, seguidos de jóvenes y niños de 5 a 11 años.
El mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitó el sábado Roraima, tras recibir "información sobre la absurda situación de desnutrición de los niños yanomami" y criticó el abandono y el tratamiento inhumano que sufrieron los habitantes originarios durante la administración anterior.
"Lo que vi aquí es inhumano. Sinceramente, si el expresidente que dejó la Presidencia estos días en vez de hacer tanto 'rally' de motos tuviera vergüenza y hubiera venido una vez aquí, quién sabe, esta gente no hubiera quedado tan abandonada como está", expresó el jefe de Estado tras visitar el hospital indígena y la Casa de Apoyo a la Salud Indígena en Boa Vista.
En este sentido, prometió "tomarse muy en serio" la lucha contra la minería ilegal y aseguró que priorizará la atención de la salud y el transporte público para la población.