Anuncian que las protestas en Perú contra el Gobierno de Dina Boluarte van a continuar

El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, anunció que no van a cesar las movilizaciones que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones generales inmediatas.

"Lo que se tiene que hacer es lograr una renuncia de la señora Dina Boluarte y en el Congreso se tiene que elegir una nueva mesa directiva de consenso", dijo Villanueva en la Red de Comunicación Regional (RCR), resaltando que la persona que asuma la presidencia debe tener aceptación en la ciudadanía para garantizar transición democrática.

Asimismo, calificó al régimen "insensible" de Boluarte de "dictadura" que hace "oídos sordos para escuchar las demandas del pueblo". 

Evacúan a más de 400 turistas varados en Machu Picchu por las protestas contra el Gobierno peruano

"La presidenta dice que hay que hablar de agua para el pueblo, pero en lo que le queda de su Gobierno no va a poder darle agua ni desagüe al 40 % de la población que no tiene. Ella está engañando a la gente y, por lo tanto, nosotros insistimos en pedir su inmediata renuncia", dijo. En este sentido, insistió en que las movilizaciones van a seguir y que la FTCCP seguirá acompañando las protestas que convoque la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Villanueva Carbajal denuncia la "traición" de Boluarte al Gobierno del que ella misma forma parte. "Ella no tiene el poder, lo que pasa es que le han dado prebendas. No sabemos por qué se ha vendido y por qué está traicionando al Gobierno del cual ella forma parte, porque es el mismo gobierno el que está desde el año 2021. Ella se ha vendido la derecha, y no es solamente la derecha nacional, sino la derecha transnacional", apuntó.

Asimismo, rechazó la violencia y la criminalización de la protesta por parte del Gobierno y cuestionó la forma de su gestión a través de la represión con el costo de vidas humanas. "Nada justifica la muerte de un peruano. Así que esperamos que no solamente haya investigaciones, sino que haya sanciones concretas y que la señora Boluarte termine en una cárcel", expresó.

Mientras tanto, en Puno, el obispo de la Prelatura de Juli, monseñor Ciro Quispe, instó a Boluarte y al titular del Congreso, José Williams, a que "muestren signos concretos de desapego al poder" y convoquen a una mesa real de diálogo con las nuevas autoridades del Altiplano, recogen medios locales.

Demandan al ministro del Interior y al jefe de la Policía de Perú tras la irrupción en una universidad de Lima

Polémica por el operativo en la universidad en Lima

Mientras tanto, crece la polémica por la legitimidad del operativo realizado la jornada anterior por los efectivos de la Policía Nacional de Perú (PNP), que irrumpieron en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para desalojar a manifestantes que llevaban desde el 18 de enero en la Decana de América.
Desde la PNP informaron que un total de 193 personas fueron "intervenidas" y se encuentran en las instalaciones de la Dirección contra el terrorismo y de la Dirección de Investigación Criminal.

El ministro del Interior, Vicente Romero, subrayó que el operativo fue necesario para "dar seguridad" a las personas que viven cerca del campus. "Sí, fue necesario, porque uno de los objetivos de la Policía es garantizar la seguridad, no solamente de los intervenidos, sino de todos los peruanos que transitaban a esa hora por el contorno de la universidad", dijo en declaraciones a RPP Noticias.

Asimismo, aseguró que "no hubo ni un solo herido" e insistió en que la intervención, que se produjo tras la denuncia de agresión contra los efectivos de seguridad del centro a manos de manifestantes alojados en la UNMSM, se efectuó "dentro del marco de la ley".

Por su parte, desde el Ministerio Público enviaron a los fiscales para verificar la legalidad del operativo y los fundamentos para realizarlo. Desde la Federación Universitaria de San Marcos denunciaron que los agentes irrumpieron de forma ilegal sin contar con una orden judicial, recoge La República. A su vez, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostraron su "preocupación por la incursión policial, desalojo y detenciones masivas" en la UNMSM.