Argentina denuncia en la ONU los discursos de odio y defiende el juicio político a la Corte Suprema

El secretario de Derechos Humanos de Argentina, Horacio Pietragalla, denunció este lunes ante Naciones Unidas los discursos de odio y el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como el "lawfare" (guerra judicial) que afecta a la democracia de su país.

"Los discursos de odio han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos debido a los graves sucesos acaecidos recientemente, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual vicepresidenta", dijo el funcionario en Ginebra, durante la sesion del mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Pietragalla recordó así la conmoción social que provocó Fernando Sabag Montiel, el joven que el pasado 1 de septiembre disparó directamente al rostro de Fernández de Kirchner. La tragedia se evitó gracias a que el arma falló y las balas no salieron. Sin embargo, dijo, incluso después del atentado los discursos de odio se profundizaron en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales.

El funcionario también aseveró que el país suramericano enfrenta otros riesgos en materia de derechos humanos, entre los que enumeró el uso del derecho penal y los medios de comunicación –por parte de los poderes fácticos– para condicionar la agenda política y la opinión pública.

En esa línea, alertó que el objetivo de la "guerra judicial" es eliminar al adversario. Las víctimas de esa arremetida, destacó, "resultan ser dirigentes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos".

Según indicó, con la excusa de investigar y sancionar delitos, se han violado y se siguen violando garantías fundamentales del estado de derecho porque, a su juicio, solo se impulsan causas penales en contra de referentes políticos que representan a sectores populares para lograr su proscripción.

Para Pietragalla, el caso de la vicepresidenta es paradigmático de esa política, ya que el mes pasado Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos.

Impunidad

En contraste con el caso de Fernández de Kirchner, el secretario hizo una clara alusión al expresidente Mauricio Macri, como una supuesta muestra de impunidad a personas vinculadas al poder económico, que han permitido o avalado "el endeudamiento criminal" y la fuga de capitales.

Por ese motivo, Pietragalla solicitó a la ONU su apoyo en el juicio político que el Gobierno está promoviendo en contra de la Corte Suprema, y que es respaldado por los organismos de derechos humanos del país sudamericano.

"La pérdida de credibilidad del máximo tribunal implica una inadmisible degradación del sistema institucional que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes, por eso solicitamos el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de las iniciativas y reformas normativa que procuren fortalecer la independencia judicial y el estado de derecho del país", señaló.

El discurso que Pietragalla pronunció en Ginebra se filtró a varios medios de comunicación la semana pasada, lo que la oposición aprovechó para criticar por anticipado al Gobierno.

La alianza conservadora Juntos por el Cambio repudió el documento y consideró "insólito" que las propias autoridades denuncien violaciones a los derechos humanos, "para buscar de esa manera, la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista".

Ese espacio político sostiene que es "absolutamente falso" que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes.

"Repudiamos el accionar de los representantes del gobierno y pedimos disculpas a la comunidad internacional por el oprobio que implica mentirle a las Naciones Unidas, acusando a la oposición democrática de la Argentina de participar de complots para vulnerar el Estado de derecho", señaló.

Argentina recibe a la Celac para una cumbre marcada por el retorno de Brasil y la crisis regional

Además, la oposición calificó de "inédito y penoso" que, en un evento donde los países se esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos, el Gobierno argentina apunte contra la oposición política, la justicia, los sectores económicos y la prensa.

"El fin que persiguen mediante esta maniobra, es justificar ante la comunidad internacional, la embestida que el Gobierno nacional está realizando en contra de la justicia independiente para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y probadas acciones de corrupción", afirmaron desde la alianza que respaldó a Macri.