Tres años sin justicia: el caso de la saxofonista atacada con ácido que caldea la política mexicana

Han pasado poco más de tres años desde que la saxofonista María Elena Ríos Ortiz fue atacada con ácido, en su natal Oaxaca, en México. En ese tiempo, sin embargo, no solo ha tenido que preocuparse por su salud sino por que la justicia se haga cargo de los autores de su agresión.

Uno de los responsables es el exdiputado federal Juan Antonio Vera Carrizal, a quien Ríos Ortiz señala de ser quien fraguó la agresión. El político se encuentra en prisión preventiva oficiosa en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, localizado en el municipio de Tlacolula de Matamoros, aunque no permanecerá allí por mucho tiempo. 

Polémica casa por cárcel

Tras seis largas jornadas de audiencias, que se llevaron a cabo de manera virtual, el juez Teódulo Pacheco determinó que procedía un amparo con el que Vera Carrizal buscaba la prisión domiciliaria.

En entrevista con RT, la joven afirma que ese recurso ha sido interpuesto por su agresor "con el pretexto de que está enfermo". No obstante, asegura el hombre presentó ante el juez "medios de prueba incoherentes y con un exceso de datos".

Ríos Ortiz también denuncia que el juez de la causa ha ejercido contra ella "sometimiento y violencia psicológica", con el supuesto deseo de cansarla, desconcentrarla y desconcertarla. No obstante, ella se mantiene firme y dice que no se cansará de luchar por todas las mujeres que están en la misma situación. "El hecho de seguir resistiendo deja un precedente", sostiene.

Debido a que su agresor ha interpuesto hasta ahora 11 amparos, la causa penal por feminicidio en grado de tentativa, todavía no llega a la etapa intermedia. El letargo en el proceso afecta aún más a la víctima: "Al no darme o garantizarme una justicia pronta y expedita, se vuelven a violentar mis derechos humanos", lamenta.

"Es muy difícil caminar este sendero"

Hasta ahora, la joven saxofonista tampoco ha recibido ninguna indemnización económica, y tuvo que 'pelear' para que el gobierno se hiciera cargo, en un principio, de su rehabilitación.

Salió del hospital en enero de 2020 y el proceso ha sido muy complicado: "Tuve que volver aprender a caminar", cuenta. La falta de movilidad fue una de las primeras consecuencias que sufrió después de estar tanto tiempo postrada –desde el día de la agresión, el 9 de enero de 2019–, ya que sus huesos se descalcificaron.

Otra de las dificultades ha sido el acceso a los tratamientos dermatológicos. "Son casi inaccesibles –lamenta– por lo caros, te mejoran mucho la piel, pero no la dejan igual".

"Un láser que yo necesito por lo menos cinco veces al año cuesta 60.000 pesos (3.188 dólares)", agrega. Esos tratamientos también deben ir combinados con cirugías reconstructivas e infiltraciones de medicamento para mejorar el aspecto de las cicatrices.

Para Ríos Ortiz, quien también es periodista y activista, "es muy difícil caminar el sendero de la justicia". Lo más duro, dice, es que ni todo el dinero ni la cárcel para sus agresores le van a regresar sus proyectos de vida. No obstante, aclara que su lucha es para que casos como el de ella no vuelvan a ocurrir.

"Una muchachita menor de edad me escribió y me dijo 'desde que te agredieron yo te he seguido. Veo que tú no desistes, entonces yo decidí denunciar a mi agresor, me viola desde los ocho años'. Ahí yo entendí dónde empezaba la justicia", subraya.

Uno de sus mayores deseos es que las niñas de hoy vean con asombro –y no con naturalidad– este tipo de ataques. "Así como nosotras, en algún momento, nos asombramos al enterarnos que a las mujeres no las dejaban votar".

Lejos de una vida digna

A María Elena Ríos Ortiz no le gusta que le llamen víctima, aunque jurídicamente sea el término adecuado para referirse a ella, pero denuncia "las campañas de desprestigio y que incitan al odio y a la violencia" en su contra.

"[Me atacan] porque voy a restaurantes con amigos, porque toco el saxofón. ¿Quién dice que estoy bien? Estoy sobreviviendo, pero no estoy llevando una vida digna", agrega.

Indignación ante resolución del juez

Luego de la resolución del juez, que dictó prisión domiciliaria a Juan Vera Carrizal, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que solicitaría al Poder Judicial del Estado cambiar la medida cautelar para que permanezca recluido de manera preventiva.

También hubo reacciones de instituciones, así como de diversos grupos defensores de los derechos humanos: "La resolución del Poder Judicial en el caso de Elena Ríos sienta un precedente de injusticia y también muestra la violencia institucional", publicó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

La Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hizo un "respetuoso llamado a las autoridades ministeriales y judiciales de Oaxaca, para que en el ámbito de su competencia garanticen la seguridad de María Elena Ríos y su familia a través de los procedimientos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales".

Incluso, en la mañanera de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que buscaría que la Fiscalía General de la República (FGR) revise el caso, "porque se trata de una agresión extrema a una mujer, un intento de feminicidio, algo muy grave".

Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó de "indignante" la decisión del juez que otorgó prisión domiciliaria al agresor de Ríos Ortiz.

La respuesta de la autoridades

Ante la polémica desatada, la Secretaría de Seguridad de Oaxaca realizó un análisis de riesgo que determinó que el domicilio de Vera Carrizal no contaba con las condiciones mínimas para garantizar que no se diera a la fuga. Además, informó que no podía vigilar permanentemente al imputado para evitar que evadiera la justicia. 

Por lo anterior, la dependencia solicitó a la Justicia estatal no conceder la prisión domiciliaria, informó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.  

"El 24 de enero la juez de control de circuito judicial, Martha Santiago Sánchez, notificó que al no existir las condiciones para realizar el traslado y la vigilancia de Juan Antonio [Vera Carrizal], él deberá seguir cumpliendo con la prisión preventiva", explicó Rodríguez. 

Este jueves, la propia María Elena Ríos advirtió que la suspensión de la medida de excarcelación de su agresor era temporal, "mientras se revisa la impugnación de la audiencia".

Por otro lado, la FGR anunció esta semana que "va a colaborar con todos los elementos técnicos, periciales y policiales" para auxiliar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en el caso, ya que se trata de un delito del fuero común.

"La impartición de Justicia es fundamental para evitar que una persona inocente permanezca en prisión o que una persona culpable de un delito continúe impune", destacó hoy la secretaria de Seguridad durante la 'matutina' de López Obrador.

Los agresores intelectuales y materiales

Juan Vera Carrizal es exdiputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y empresario gasolinero. Desde antes de su detención, Ríos Ortiz lo responsabilizó de ser el autor intelectual del ataque, orquestado tras la ruptura amorosa con su hijo, Juan Antonio Vera Hernández.

De acuerdo con las investigaciones, este último habría contratado a dos trabajadores de la construcción, identificados como Ponciano H. y su hijo Rubicel H., a través de Rubén L., para que le arrojaran ácido a la saxofonista a las afueras de su domicilio en Huajapan de León, en Oaxaca.

Padre e hijo fueron detenidos en diciembre de 2019 y recluidos en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, donde Ponciano H. murió en abril de 2021. 

En tanto, Rubén L., quien trabajaba para Vera Carrizal y fue el encargado de pagar por el ataque a los albañiles, fue apresado en abril de 2020 y se encuentra en el mismo centro penitenciario.

En cuanto a Juan Vera Carrizal, se entregó en las instalaciones del Centro de Control Comando y Comunicación de Oaxaca, de la Secretaría de Seguridad Pública, tras lo cual fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Contaba con una orden de aprehensión girada por un juez de control, como presunto autor intelectual de la tentativa de homicidio en contra de Ríos Ortiz. Lleva dos años de prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Tanivet.

De Juan Antonio Vera Hernández no se sabe nada. La FGE emitió una ficha de búsqueda para su localización por tentativa de feminicidio, y ofrecen una recompensa de hasta un millón de pesos (equivalentes a 53.134 dólares) por información que conduzca a su paradero y facilite su captura. 

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