¿Perpetua o pena mínima? La dura disputa en juicio por el crimen de Fernández Báez Sosa en Argentina

La Fiscalía y la familia de la víctima quieren condenas a cadena perpetua. La defensa, en cambio, apuesta por penas de entre dos y seis años de prisión.

Estas son las dos opciones que enfrentan los ocho jóvenes imputados en uno de los juicios más controvertidos y mediáticos de la historia reciente de Argentina.

Franco Benicelli, Blas Cinalli, Enzo Tomás Comelli, Máximo Pablo Thomsen, Ayrton Michael Viollaz, los hermanos Ciro y Luciano Pertossi y su primo, Lucas Pertossi, tenían entre 18 y 20 años la noche del 18 de enero de 2020, cuando golpearon en grupo a Fernández Báez Sosa a la salida de una discoteca en Villa Gesell, una ciudad de la costa atlántica en donde todos estaban de vacaciones. El joven de 18 años murió.

El crimen provocó una conmoción social que se reavivó el pasado 2 de enero, con el inicio de un juicio que hoy está en su recta final, ya que la semana próxima se darán a conocer las condenas.

A lo largo de las cuatro semanas del juicio, las posturas de las partes han sido inamovibles.

Los fiscales Gustavo García y Juan Manuel Dávila aseguran que el crimen fue premeditado, que los ocho acusados actuaron con alevosía, que se pusieron de acuerdo para matar a Báez Sosa y que lo siguieron golpeando cuando ya estaba tirado en el piso sin posibilidad de defenderse.

Por lo tanto, el crimen es "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" y la única pena posible es la pena máxima: cárcel de por vida.

Fernando Burlando, abogado de Silvino Báez y Graciela Sosa, padres de la víctima, pugna por lo mismo. Además, antes y durante el juicio no ha escatimado insultos para los acusados.

Por el contrario, los abogados defensores aseguran que no hay prueba alguna de premeditación, que las decenas de videos que hay de la "pelea" no permiten identificar con claridad quiénes participaron y que, en todo caso, se trató del delito de "homicidio en riña", sin intención alguna de matar, por lo que ameritan penas de dos a seis años de prisión.

Mediatización

El juicio ha concitado por completo la atención de la opinión pública. Tanto, que las audiencias se siguen en vivo. Toda la información relacionada con el caso, así sea un mínimo detalle, garantiza altos niveles de audiencia.

La estrategia de los acusados ha sido no inculparse unos a otros. Las escasas veces que tomaron la palabra, desconocieron o minimizaron su participación en la golpiza y jamás nombraron a ninguno de sus compañeros

También hablaron algunos de sus padres y madres. Se asumieron como víctimas de la condena social, de la persecución mediática y el presunto 'clima de linchamiento' que hay alrededor de ellos y de sus hijos.

En total, a lo largo del juicio desfilaron 87 testigos, ya fueran peritos, fuerzas de seguridad, médicos, personas que presenciaron la pelea, amigos de la víctima y una mujer que intentó reanimarlo.

Este miércoles, la expectativa aumentó con el inicio de los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa. Las audiencias serán maratónicas y terminarán el viernes.

La sentencia de los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, miembros del tribunal, se prevé a más tardar para el próximo martes.

Antes de escuchar la condena, los acusados tienen derecho a hacer uso de la palabra. Hasta ahora, ninguno de los ocho la ha solicitado.

¿Qué pasó?

La madrugada del 18 de enero de 2020, los ocho jóvenes y la víctima se toparon en una discoteca de Villa Gesell. A la salida, los acusados atacaron a Báez Sosa. Le dieron puñetazos en el cuerpo y, ya tirado, continuaron patéandolo en la cabeza.

Algunos se dieron tiempo para grabar la agresión con sus teléfonos celulares. A ellos se sumaron otros testigos y las cámaras de seguridad de la zona.

Por eso se convirtió en el homicidio del que existe un inédito registro visual que ha sido retomado durante el juicio.

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En esas imágenes se ve la saña con la que actuaron los acusados y su posterior indiferencia, ya que se mandaron chats para ocultar el crimen, volvieron a la casa donde se hospedaban para cambiarse la ropa ensangrentada e, incluso, algunos de ellos se fueron a cenar.

Al día siguiente, cuando los detuvieron, uno de ellos aseguró que el homicida había sido Pablo Ventura, otro joven de la localidad en donde vivían y que fue detenido, aunque luego se comprobó que ni siquiera había estado en Villa Gesell.

Desde el principio, el crimen tuvo un componente de clase, ya que la mayoría de acusados jugaban rugby, un deporte asociado a familias de alto poder adquisitivo y marcado por prácticas violentas que exceden el campo de juego.

La víctima, por el contrario, era un estudiante de Derecho, hijo único de una pareja de inmigrantes paraguayos que hoy solo espera que haya justicia.