"Circo" o "mafia": comienza el debate en Argentina sobre el posible juicio político a magistrados de la Corte Suprema

La Cámara de Diputados de Argentina comenzó a analizar hoy la posibilidad de someter a la Corte Suprema de Justicia a un juicio político que promovió el presidente Alberto Fernández, en una reunión que estuvo marcada por el fuerte intercambio de insultos entre el oficialismo y la oposición.

Unos denunciaron que los miembros de la Corte operan como una "mafia" que emite fallos a partir de intereses partidarios y no con la imparcialidad que exigen sus altos cargos.

Otros aseguraron que se trata simplemente de un "circo" montado por el Gobierno en pleno año electoral, con el fin de conseguir la impunidad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ya fue condenada por corrupción aunque la sentencia todavía no está firme.

El oficialismo logró abrir la sesión en la Comisión de Juicio Político gracias a que cuenta con la mayoría justa en este grupo de trabajo: 16 de los 31 miembros.

Con esos votos, puede lograr que se firme a favor un dictamen de juicio político que después será enviado para su debate en sesión plenaria.

En esa instancia ya no tiene posibilidad alguna de que el proyecto avance, ya que se necesitan por lo menos 171 de los 257 escaños que integran la Cámara de Diputados, pero el Gobierno solo cuenta con 118.

Sin embargo, los propios legisladores oficialistas han reconocido que, aunque finalmente no prospere la destitución, las audiencias permiten que se discutan públicamente las irregularidades con las que funciona la Corte Suprema. 

Pelea

La presidenta de la Comisión, la oficialista Carolina Gaillard, explicó que durante dos semanas se analizarán los 14 pedidos de juicio político que hay contra la Corte, ya que el trámite que interpuso el presidente no es el único.

De hecho, uno de los partidos que integran a la coalición opositora y conservadora Juntos por el Cambio ya solicitó con anterioridad el juicio político en contra de Ricardo Lorenzetti, uno de los cuatro miembros del máximo órgano de justicia del país sudamericano.

Alberto Fernández y 12 gobernadores firman un pedido de juicio político a la Corte Suprema

"El juicio político no es un juicio penal, nosotros como Cámara de Diputados no tenemos facultades jurisdiccionales que sí tiene la justicia, por eso se rige con las normas que están establecidas en el reglamento interno", explicó la legisladora.

Luego vinieron las intervenciones del resto de los miembros de la Comisión, que fueron subiendo de tono.

"No sean empleados de un Poder Judicial oscuro, démosle la posibilidad a nuestro pueblo una vez más de tener una Corte de la que se pueda sentir orgulloso", convocó la diputada Marisa Uceda.

"Hay realmente sospechas gravísimas", agregó Germán Martínez, mientras que Leopoldo Moreau convocó a "poner fin a este funcionamiento mafioso que tiene la Corte".

Por el contrario, el diputado Omar De Marchi consideró que solo se trata de "una puesta en escena" del presidente para no hablar de los problemas importantes del país y para manipular la justicia.

"Llamémoslo circo político o como quieran", agregó Juan Manuel López al afirmar que el Gobierno intentó incumplir fallos de la Corte. En el mismo sentido, Alejandro Rodríguez denunció que "esta embestida política" solo tiene como propósito paralizar la justicia.