El Instituto Nacional Electoral de México interpone controversia constitucional contra el 'plan B'
El Instituto Nacional Electoral (INE) de México presentó este jueves una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el llamado 'plan B', un paquete de reformas a las leyes secundarias en materia electoral que suponen diversos cambios al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para reducir el gasto de ambos organismos, mejorar sus procesos y frenar cualquier acto de corrupción.
El organismo pidió a la Justicia suspender la entrada en vigor de los cambios a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aprobados por la Cámara de Diputados de México en el mes de diciembre junto con otras tres: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Según el INE, dichas modificaciones crean condiciones que merman su autonomía y su capacidad para ejercer las funciones estipuladas en la Constitución, a la vez que "desequilibran el modelo de comunicación social y perjudican la equidad en la contienda".
En su comunicado, el instituto denunció que estas leyes tienen que ver con la propaganda gubernamental establecida y vulneran los principios de neutralidad en comicios y no intervención de servidores públicos.
La parte restante del 'plan B' todavía está por aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación, con lo que se completaría una reestructura administrativa del INE, y de esta forma el Gobierno mexicano asegura que se ahorrarían al menos 270 millones de dólares, informa la prensa local. Sin embargo, el consejero presidente de la institución, Lorenzo Córdova, sostuvo que dichos cambios legislativos "descuartizarían" al INE e implicaría recortar al 85 % de la plantilla operativa del mismo.
Plan inicial
Pese a los numerosos cambios introducidos, la reforma no es tan ambiciosa como el proyecto original —que fue rechazado por la oposición— del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ya que para poder modificar de fondo al sistema electoral se necesita trastocar la Constitución y los aliados del mandatario en el Congreso no consiguieron el apoyo necesario para hacerlo.