El Congreso de Perú rechaza por tercera vez el adelanto a 2023 de las elecciones generales
La crisis política e institucional en Perú ha entrado en un espiral aún más complejo tras el nuevo rechazo del Congreso de acceder a una de las mayores demandas de la ciudadanía en las masivas protestas, que se extienden en el país desde hace casi dos meses: el adelanto de elecciones generales para 2023.
El parlamento peruano, que ha tenido la posibilidad en varias ocasiones de adelantar los comicios generales para este año y con ello calmar las manifestaciones, insiste en rechazar ese escenario que, de momento, tiene fecha para abril de 2024, por decisión del mismo legislativo en diciembre pasado.
Sin embargo, la negativa del Congreso, que en medio de la crisis ha perdido credibilidad de la población y exige su disolución, no significa que la idea de unas elecciones anticipadas esté descartada del todo, porque aún hay escenarios en los que se podría concretar.
La primera carta se la juega la presidenta Dina Boluarte. En medio de protestas, cuestionamientos y presiones para que renuncie al cargo, la mandataria anunció que si la iniciativa no prosperaba en el parlamento —como sucedió— presentaría inmediatamente dos iniciativas legislativas "con carácter de urgencia" para adelantar los comicios.
Sobre el primer proyecto de ley, Boluarte adelantó que sería una "reforma constitucional para que las elecciones generales sean indefectiblemente este año 2023". Según la mandataria, la primera vuelta de los comicios sería en octubre y la segunda vuelta, de ser necesaria, en diciembre.
Sobre el segundo proyecto, Boluarte dijo que está destinado a "zanjar el debate sobre la reforma de la Constitución". La mandataria propone que "el próximo Congreso elegido le encargue a la Comisión de Constitución la reforma total de la Constitución de 1993". Sin embargo, a pesar de su iniciativa, la jefa de Estado advirtió que este tema "depende única y exclusivamente" del parlamento.
Primer proyecto de Boluarte ya está en el Congreso
Como lo adelantó la mandataria, el Ejecutivo presentó ante el parlamento el nuevo proyecto de ley de reforma constitucional, para intentar que el Congreso apruebe las elecciones generales adelantadas para el segundo domingo de octubre de 2023.
El Gobierno explicó que la iniciativa aspira recortar el periodo de gobierno de Boluarte –designada por el Congreso en diciembre pasado tras destituir al expresidente Pedro Castillo–, que debía gobernar hasta el 2026. De igual forma, reducirá el mandato de los congresistas y parlamentarios andinos que fueron electos en los comicios de 2021.
La propuesta, de ser aprobada por el legislativo, permitiría a la mandataria convocar elecciones generales para la presidencia, vicepresidencia y curules del Congreso. Además, plantea que Boluarte terminaría su ciclo el 31 de diciembre próximo; mientras que los congresistas culminarían el 29 de diciembre y los representantes al Parlamento Andino, el 31 de diciembre de 2026.
En una de sus disposiciones transitorias, el proyecto de Boluarte detalla que la persona que sea electa en la presidencia deberá juramentarse ante el Congreso el 31 de diciembre de este año, y culminará su mandato el 28 de julio de 2028. En el caso de los congresistas, estos deberán asumir funciones el 29 de diciembre de este año hasta el 26 de julio de 2028.
También añade que la persona que sea electa a la presidencia, deberá convocar elecciones al Parlamento Andino para los comicios regionales y municipales previstos para 2026.
"Discutir y reflexionar"
Tras conocerse la negativa del parlamento, el primer ministro de Perú y jefe del Gabinete Ejecutivo de Boluarte, Alberto Otárola, pidió al legislativo debatir cuanto antes la iniciativa entregada por la mandataria. A su juicio, en el Congreso "no han entendido la necesidad de lograr un consenso en el país".
"Esperamos que el Parlamento prontamente ponga en los siguientes días este proyecto de ley para que vuelva a discutir y reflexionar sobre la necesidad de la paz y tranquilidad que el país requiere", dijo el alto funcionario, también cuestionado por defender la represión y vulnerar los Derechos Humanos de los manifestantes durante las protestas, en las que han muerto casi 60 personas.
El premier peruano reiteró que Boluarte no renunciará a la presidencia y advirtió que toda la responsabilidad del adelanto de elecciones, en este momento, recae en el parlamento, que es la instancia que debe decidir por mandato constitucional.
Otárola también señaló que no atender el asunto con la prioridad que requiere pondría en riesgo al país de que "sectores retrógrados" puedan avanzar hacia la propuesta de una Asamblea Constituyente, que a su parecer "rechaza todo el país".
Poca fe en el parlamento y más protestas
La crisis está en un punto que parece difícil de resolver, por lo menos a corto plazo. En definitiva, la última palabra la tiene el Congreso, que está integrado por una mayoría de conservadores aliados al fujimorismo, que no han tratado el tema con la urgencia que requiere, a diferencia de la sesión exprés que celebraron para vacar a Castillo.
Este mismo legislativo ha sido señalado por la ciudadanía de ejercer "una dictadura parlamentaria", de ser el principal causante de la crisis democrática que enfrenta el país desde hace varios años y de recrudecer el clima de ingobernabilidad al asediar la presidencia de Castillo, impedirle gobernar y destituirlo del cargo.
Precisamente, la postura dilatoria del parlamento sobre un asunto que es primordial para la estabilidad del país, ha generado desconfianza y poca fe en la población, que acusa al legislativo de darle la espalda a sus reclamos y de exacerbar las tensiones. Por ello, la ciudadanía en las calles reclama la disolución de ese órgano e iniciar un proceso de reforma total del Estado peruano, a través de una Asamblea Constituyente.
La grave situación en Perú, que también genera alarma y preocupación de la comunidad internacional y de organismos regionales, se complica en la medida que pasan las horas, debido a la militarización del territorio para tratar de frenar las protestas y bloqueos de carreteras.
De momento, las masivas y fuertes manifestaciones que también se han instalado en Lima, la capital del país, aumentan sus reclamos por la renuncia de Boluarte, quien insiste que las protestas son alentadas por "un grupo violentista y radical que quiere generar el anacronismo".
Mientras tanto, las exigencias en las protestas también incluyen la liberación del expresidente Castillo, detenido desde que fue vacado del cargo el 7 de diciembre de 2022, así como justicia para los fallecidos y heridos en las manifestaciones antigubernamentales.
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