La Justicia de Perú dictó este lunes sentencia contra 27 personas acusadas de causar "actos vandálicos" en el marco de las protestas contra el Gobierno interino de Dina Boluarte.
El proceso judicial a los manifestantes se realizó a partir de acciones desarrolladas por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público, perteneciente al Ministerio del Interior.
De acuerdo a lo informado por el diario oficial El Peruano, la Procuraduría actuó "en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado" y logró que el Poder Judicial del departamento Ica, al sur de Lima, emita estos fallos por el delito de "entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos".
"Estas personas fueron plenamente identificadas como autoras de la toma de carreteras en esta región sureña. Por ello, recibieron sentencias condenatorias por encima de los tres años de pena, y están obligados a pagar reparaciones civiles por un monto superior a los 50.000 soles (unos 12.990 dólares)", detalló el ministerio en un comunicado.
Según explicaron desde la cartera de gobierno, los sentenciados no serán sometidos a prisión efectiva debido a que, "ante las evidencias que los incriminan, se acogieron a la terminación anticipada, logrando así la obtención de sus sentencias sin mayores dilaciones".
No obstante, el ministerio aclaró que, a través de la Procuraduría, se logró que otros 22 manifestantes procesados por actos violentos en diferentes regiones del país reciban mandato de prisión preventiva de entre uno y 18 meses mientras son investigados. Las investigaciones que están en curso en estos 22 casos responden a sucesos ocurridos en los departamentos de Puno, Ucayali, Ica, Cusco y Arequipa, señalaron las autoridades.
En vísperas de cumplirse los dos meses de la caída del expresidente Pedro Castillo, miles de peruanos continúan manifestándose contra el Congreso y exigiendo la renuncia de la presidenta Boluarte y el adelantamiento de elecciones.
Las protestas ya dejaron unos 70 muertos desde que se inició la crisis política, el pasado 7 de diciembre, con la destitución parlamentaria de Castillo. La noche del domingo, el Gobierno decretó toque de queda en Puno y estado de emergencia en siete departamentos por 60 días.