El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, expuso públicamente a cinco jueces del país suramericano, acusándolos de ser "aliados de la delincuencia" y de beneficiarse con acciones a favor de miembros del crimen organizado.
"En nuestro país contamos con malos jueces que defienden a los delincuentes. Hace unos meses lo advertí, hace unos meses dije que expondríamos a esos malos jueces", dijo el mandatario antes de dar a conocer los nombres de estos togados, en un mensaje que ofreció al país la noche del martes.
En primer lugar, Lasso nombró a Ángel Harry Lindao Vera, juez multicompetente de La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, quien ya fue destituido por el Consejo de la Judicatura por "manifiesta negligencia".
El presidente acusó a este juez de tramitar "una acción de protección, para devolverle los bienes incautados a un narcotraficante"; de dar la orden de liberar "al asesino de un concejal", cuando había cumplido solo dos de los 24 años de pena impuesta; y de pretender disponer que un "delincuente de altísima peligrosidad" que se encuentra en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, provincia de Guayas, regresara a una prisión en Santo Domingo.
El segundo juez señalado es Juan Carlos Terán Moreno, de Guayaquil. Sobre él, Lasso dijo que firmó "más de 15 boletas de excarcelación a delincuentes peligrosos"; revocó la prisión preventiva de cinco presuntos delincuentes, que habían sido arrestados por posesión de armas y de sustancias ilícitas; y declaró inocentes a dos figuras políticas, procesadas por tráfico de bienes patrimoniales.
Mary Alexandra Quintero Prado y José Luis Alarcón Bowen, jueces de la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, fueron otros de los expuestos por el mandatario ecuatoriano. Al respecto, los acusó de ratificar la inocencia de 18 personas "dedicadas al narcotráfico" y dar así por terminada una investigación de más de un año de la Policía Nacional, que había contado con la colaboración de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EE.UU.
El quinto juez nombrado por Lasso es Emerson Geovanny Curipallo Ulloa, juez de Santo Domingo, la capital de Santo Domingo de los Tsáchilas, de quien indicó que ha firmado "más de 15 boletas de excarcelación, abusando de la acción de protección", para que salgan en libertad "homicidas, asesinos, violadores y ladrones".
Añadió que "este mal juez extendió los efectos de medidas cautelares, hábeas corpus o acciones de protección" en favor de tres sentenciados a prisión: un asesino con condena de 22 años, un homicida con pena de 25 años y un violador con castigo de 22 años.
"Estos son solo unos pocos ejemplos de esa injusticia de malos jueces. Cada uno de ellos es una amenaza para la Justicia y la paz", enfatizó Lasso, al tiempo que dejó una "advertencia" a otros magistrados de que están siendo vigilados.
Otras decisiones
La exposición pública de estos jueces y sus casos, dijo el mandatario, es una de las tres decisiones que se tomaron en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) ante el accionar de ciertos elementos de la Justicia.
Las otras dos decisiones fueron poner una queja formal ante el Consejo de la Judicatura y denunciar a los "malos jueces" ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al respecto, Lasso informó que el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, será el encargado de acudir ante el Consejo de la Judicatura y la FGE para presentar las denuncias.
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