La implacable operación contra la minería ilegal en Brasil

Una tropa de 100 policías aterrizó este miércoles en Boa Vista, capital del estado brasileño de Roraima, para reforzar la seguridad de los indígenas yanomamis que sufren una grave crisis sanitaria y de seguridad ante la presencia de casi 20.000 mineros ilegales en su territorio.

Los agentes desplegados se encargarán de proteger los puestos de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y los centros de salud levantados en el Territorio Indígena Yanomami, la mayor reserva del país suramericano.

Para este miércoles también se espera la llegada a la zona de los ministros de Defensa, José Múcio, y Derechos Humanos, Silvio Almeida, junto a los comandantes de las Fuerzas Armadas. 

La operación para recuperar el control del territorio —que comenzó el lunes— cuenta con agentes del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), apoyados por la Funai y por los policías de la Fuerza Nacional.

"Abastecer a las bases de control"

En un comunicado, Ibama informó que el martes se destruyeron un avión, un helicóptero, una excavadora y varias estructuras de apoyo logístico para los mineros. También se encontraron dos armas, tres lanchas con unos 5.000 litros de combustible, cerca de una tonelada de alimentos, congeladores, generadores y antenas de Internet. 

Como parte de la operación de "asfixia logística", las autoridades instalaron una base de control en el río Uraricoera para evitar el flujo de suministros. Todo lo incautado hasta ahora servirá para abastecer a este puesto y los próximos que sean desplegados.

La acción aérea la realizó el Grupo de Inspección Especializada (GEF, por sus siglas en portugués) de Ibama, que vigila las pistas clandestinas de aterrizaje. Además, el pasado 1 de febrero, la Fuerza Aérea Brasileña comenzó a controlar el espacio aéreo y restringir lo vuelos.

La desesperada huida de los mineros de tierras yanomamis ante la operación del Gobierno de Lula

Por su parte, los 'garimpeiros'  (mineros ilegales) comenzaron a huir ante el temor de que las fuerzas del orden les puedan detener. Los buscadores de oro llevan décadas ilegalmente instalados en esa y otras reservas, pero durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) se sintieron respaldados por su discurso a favor de la explotación comercial de las áreas protegidas y aumentaron en número y en poderío.

Su presencia ha provocado una profunda crisis sanitaria entre los indígenas debido a la contaminación que sufren los ríos por el mercurio que usan para separar el oro de las rocas o de la arena, la propagación de enfermedades y la violencia brutal contra ellos.

Ante esta situación, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decretó el estado de emergencia sanitaria y ordenó la retirada de los mineros.

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