El Pleno del Tribunal Constitucional de España ha avalado este jueves la ley del aborto aprobada en 2010 por el Gobierno del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).
Por siete votos frente a cuatro, se ha desestimado el recurso presentado hace casi 13 años por 71 diputados del Partido Popular (PP) de aquel entonces contra la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
El ponente, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, consideraba inconstitucional un artículo relativo a la información que se debía proporcionar a la mujer que deseara interrumpir su embarazo. Sin embargo, la mayoría rechazó su postura.
A través de un comunicado, el Tribunal Constitucional ha informado que Arnaldo "ha declinado la redacción de una nueva sentencia de acuerdo con los argumentos de la mayoría", por lo que se ha designado ponente a la Vicepresidenta del Pleno, la magistrada Inmaculada Montalbán.
Esta magistrada tendrá que redactar una nueva ponencia que recoja el sentir mayoritario, que deberá ser debatida de nuevo en el Pleno, por lo que el fallo se retrasará unos días.
¿Qué defendía el recurso?
El recurso presentado por el PP en 2010 sostenía que la ley de plazos instaurada por el Gobierno de Zapatero era inconstitucional. Esta normativa establece el aborto libre durante las 14 primeras semanas de gestación y lo permite hasta la 22 en el caso de riesgo para la salud o la vida de la mujer o por graves anomalías en el feto.
Por el contrario, los populares pretendían volver a la ley de supuestos que estuvo vigente en el país entre 1985 y 2010. Con ella, el aborto era ilegal salvo en el caso de tres supuestos: violación, graves malformaciones del feto y peligro para la salud de la madre.
Más de 10 años en un cajón
El estudio de la constitucionalidad de esta ley es uno de los asuntos más antiguos que se encontraban a la espera de dictamen por parte del alto tribunal.
Se trata de un asunto muy delicado que ha coleado a lo largo de los últimos años. Si bien la sociedad española está de acuerdo mayoritariamente con esta norma, ha seguido formando parte del debate público durante este periodo.
De hecho, el único intento del Partido Popular cuando estuvo en el Gobierno de reformar esta ley se topó con una oposición pública tan abundante que se saldó con la cabeza del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, promotor de la reforma, que acabó presentando su dimisión.
Ahora el recurso de los populares ha llegado al Pleno de esta semana debido al plan del nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que tiene el objetivo de desatascar el tribunal y, por tanto, ha comenzado a dar trámite a los asuntos más antiguos.
En esta ocasión, antes de tratar el fondo del asunto el Pleno debió dilucidar sobre las recusaciones presentadas por 5 de los 71 diputados del PP que firmaron el recurso, ahora exdiputados.
El Pleno rechazó las recusaciones, que habrían supuesto que cambiara la mayoría de progresista a conservadora, alegando que esos cinco exdiputados no están capacitados a actuar en nombre del conjunto de los 71 diputados firmantes. De hecho, la dirección del Partido Popular ha rehusado sumarse a esta iniciativa.
Primera decisión de un Tribunal Constitucional progresista
Esta ha sido la primera decisión de calado de un Tribunal Constitucional que el pasado mes de enero volvió a tener una mayoría progresista desde 2013.
Su renovación estuvo marcada por una crisis institucional de calado durante los últimos meses. Un tercio de sus integrantes, cuatro, tenían el mandato caducado desde mediados del año pasado.
El nombramiento de los cuatro sustitutos correspondía al Gobierno, dos, y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), otros dos. Mientras que el Gobierno ya había elegido a sus candidatos, el CGPJ se había negado a reunirse para elegir a los suyos debido a que los vocales conservadores alegaban que no tenían todavía candidatos que presentar.
Tras siete meses de tira y afloja, los 18 vocales del órgano de gobierno de los jueces se pusieron de acuerdo para elegir a sus dos candidatos para el TC, uno progresista y otro conservador. El acuerdo llegó tras la amenaza del Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez de reformar la ley para desbloquear esta situación.
La renovación era esencial para el Partido Socialista, pues el Constitucional deberá revisar a partir de ahora recursos sobre leyes aprobadas por el bloque progresista además de la ley del aborto, como la ley trans, la de la eutanasia o la ley rider.