Organizaciones denuncian más de 4.500 abusos en El Salvador durante el régimen de excepción

Distintas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos denunciaron que durante los 10 meses del régimen de excepción que rige en El Salvador como parte de la "guerra contra pandillas", ejecutada por el Gobierno de Nayib Bukele, se habrían cometido más de 4.564 abusos de la fuerzas de seguridad contra la población.

En un comunicado difundido por la organización Cristosal y firmado por Amate, Red Salvadoreña de Defensoras de Derecho Humanos, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamérica, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Servicio Social Pasionista y Azul Originario, se advierte que la mayoría de los abusos contra los civiles son las detenciones arbitrarias, seguidos por casos de acoso, amenaza, violencia sexual y lesiones personales.

Además, denuncian que el estado excepcional, que ha sido renovado por el Parlamento salvadoreño en 10 ocasiones y que según cifras del Gobierno ha servido para detener a más de 60.000 presuntos integrantes de las pandillas, sería una medida "inconstitucional" porque impone una "política estatal permanente" y expone a la ciudadanía a "procesos judiciales sin garantizar el debido proceso".

En ese sentido, hacen un llamado al Estado salvadoreño "para que vele por los derechos de las personas detenidas, cumpla con el debido proceso e investigue los casos de personas con enfermedades crónicas y muertes en centros penitenciarios o durante la detención".

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Según los datos recogidos por esas organizaciones, las mujeres son las que más han denunciado la vulneración de sus derechos. Además, alertan que la población joven, entre los 18 y 30 años, es la más estigmatizada y la que se encuentra más expuesta a los abusos.

De igual forma advierten que la comunidad sexodiversa LGTBIQ+ también ha sido atacada con "casos graves de acoso policial, violencia sexual e insultos ejercidos por agentes de seguridad estatal". Además, "otras situaciones graves" las sufren "254 personas con enfermedades crónicas" que fueron detenidas dentro del régimen de excepción y están privadas de su libertad.

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