El cese al fuego, uno de los pilares de la 'paz total' del presidente colombiano, Gustavo Petro, vuelve a ser tema de discusión luego de que el mandatario admitiera que hubo una equivocación en su concepción y aplicación a la realidad de violencia en Colombia y planteara cambiar la definición por 'cese de hostilidades', que tiene mayor amplitud.
Con este giro de tuerca, Petro propone que no solo se considere el cese de hostilidades entre los cuerpos de seguridad del Estado y los grupos armados, sino que también se contemple a la población, que es la más golpeada en medio de los enfrentamientos por el control territorial y las economías ilícitas.
Esta propuesta presidencial surge luego de un primer revés ocurrido entre Bogotá y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a principios de año, cuando el Gobierno suspendió el cese al fuego con ese grupo guerrillero debido a que Petro lo anunció antes de que ambas delegaciones trataran el tema en la mesa de conversaciones que mantienen desde noviembre pasado.
Las diferencias fueron superadas a finales de enero, tras una reunión extraordinaria en la capital venezolana donde se acordó que a mediados de febrero, en México, sede de la nueva ronda de conversaciones, se empezará a "tratar y acordar" un cese de fuego bilateral.
¿Cuál es el planteamiento de Petro?
Durante la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el municipio Yarumal, en el departamento de Antioquia, Petro planteó la necesidad de un cambio de concepción del cese al fuego.
Explicó que la violencia que existe en el país suramericano se ha transformado y que resulta insuficiente "trata de corregirla con herramientas diseñadas en épocas pasadas". "Fracasamos", afirmó el mandatario.
El líder colombiano expuso que el concepto de cese al fuego proviene de una "visión militar" donde se supone que hay conflicto entre los ejércitos de dos naciones en disputa o "interno", como ocurre desde hace décadas en Colombia.
"Digamos que en cierta forma es fácil hacer un cese al fuego cuando estamos hablando de ejércitos enfrentados pero la realidad de hoy no es esa", aseguró. Según su punto de vista, actualmente los grupos armados no buscan el poder a través de la destrucción del Ejército o del Estado, sino a través de la ocupación de los territorios para cometer acciones ilegales.
"Ahora el combate no es por el poder sino por los negocios ilícitos", cuyas rentas sirven para la compra de armas y así mantener el control territorial.
Cese al fuego vs. cese de hostilidades
Petro afirmó que si bien se han disminuido las bajas entre militares y grupos armados, no ha ocurrido lo mismo con la población civil, donde se presentan asesinatos de líderes sociales y masacres, además de desplazamiento y confinamiento.
"¿Para qué queremos un cese al fuego si nos matan más?", afirma el mandatario que se preguntan las comunidades afectadas.
"Nos equivocamos en el concepto", admitió el mandatario y dijo que "el cese al fuego no puede quedarse en un cese de hostilidades entre los cuerpos armados".
Petro se refirió que para que este concepto sea eficaz se debe contemplar el cese de hostilidades a la población y de las actividades relacionadas con los negocios ilícitos
Fue categórico al aseverar que si un grupo armado ataca a los civiles debe ser perseguido. "El cese al fuego no es parálisis de la Fuerza Pública" y del Poder Judicial, aseguró.
Acuerdo con las disidencias de las FARC
Mientras el presidente colombiano define el alcance que tendrá su propuesta con los grupos armados y organizaciones criminales, se anunció que las disidencias de las FARC y la Casa de Nariño definieron el protocolo que regirá el 'cese al fuego bilateral' que establecieron.
En este acuerdo, informado por el Ministerio de Defensa y el Alto Comisionado de Paz, se definió un "mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación que emitirá conceptos técnicos y elaborará recomendaciones para prevenir y atender posibles incidentes o incumplimientos".
En el texto se aclara que "la Fuerza Pública seguirá ejerciendo sus obligaciones de seguridad y defensa nacional" y que se busca el desescalamiento "de la confrontación armada" y la facilitación del proceso de negociación de las partes.
Según lo convenido por las disidencias y el Gobierno, queda prohibido el tránsito de este grupo armado en cabeceras municipales, corregimientos, inspecciones de policía y vías primarias, para evitar la afectación de la población civil.
Esto ocurre la misma semana en que se viralizaran varios videos donde miembros de las disidencias de las extintas FARC que portaban armamento repartieron material educativo en varias escuelas donde había niños. A pesar de que el grupo se disculpó, dijo que continuaría haciendo este tipo de actividades de "manera más profesional".
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