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El Estado pide condenas contra 54 bolsonaristas y tres empresas por el ataque en Brasilia
La Abogacía General de la Unión (AGU) exige que los asaltantes paguen cuatro millones de dólares por los destrozos causados en las instituciones.
La Abogacía General de la Unión (AGU), que representa judicialmente al Estado brasileño, pidió este lunes la condena definitiva de 54 bolsonaristas radicales y tres empresas a pagar unos cuatro millones de dólares por financiar los violentos ataques a las instituciones en Brasilia el 8 de enero.
Los acusados, entre los que figuran un sindicato y una asociación, ya tienen sus bienes bloqueados cautelarmente tras los asaltos, pero la AGU pidió a la Justicia del Distrito Federal (DF) que se les condenen de manera definitiva.
Eso les obligaría a hacer efectivo el pago de la multa, que está calculada teniendo en cuenta el valor de los daños al patrimonio público infligidos por los atacantes.
Según la AGU, los acusados eran conscientes de que sus arengas podrían causar "los eventos tal y como ocurrieron", teniendo en cuenta que en la convocatoria ya se hacía "referencia expresa (...) a actos no pacíficos (...) y de toma de poder".
Vector primordial
"La financiación del transporte fue un vector primordial para que este [el ataque] tomara forma y se materializara en los términos que se dieron", explica en un comunicado.
Días antes de que miles de bolsonaristas destrozaran las icónicas sedes de los tres poderes –el presidencial Palacio de Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal (STF)–, decenas de autocares procedentes de varios puntos de Brasil llegaron a Brasilia para unirse al campamento, organizado desde hacía dos meses en protesta por la victoria del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Pese a que sus integrantes llevaban semanas profiriendo consignas abiertamente golpistas, el 8 de enero marcharon y depredaron las sedes de los poderes sin oposición alguna de las autoridades del DF, que fueron acusadas de omisión y connivencia con los asaltantes.
Los ataques, que representaron el mayor ataque contra la democracia desde el fin de la dictadura, provocaron graves destrozos en el patrimonio histórico y artístico y en los espacios privados en los que trabajan a diario las máximas autoridades brasileñas.
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