El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un nuevo decreto que modifica los lineamientos de una disposición publicada hace poco más de dos años en contra del maíz genéticamente modificado y del herbicida glifosato, que despertó tensiones con EE.UU.
La nueva directriz fue publicada la tarde del lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), horas antes de la fecha límite fijada para que México proporcionara a Washington una justificación científica del veto, que según la Casa Blanca viola el T-MEC, el acuerdo de libre comercio entre los dos países y Canadá.
El contenido del primer decreto despertó dudas en la industria mexicana, así como críticas en EE.UU., que considera que la medida carece de argumentos sólidos y limita las importaciones de sus productores, además de que –en su criterio– podría incrementar el precio del maíz en el corto y mediano plazo.
¿Qué dice la primera versión del decreto?
El primer fallo, publicado el 31 de enero de 2020, señalaba que se revocarían y no se darían más autorizaciones para la liberación de semillas de maíz genéticamente modificado al ambiente, así como tampoco permisos para el uso del grano transgénico "en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos", hasta sustituirlo totalmente el 31 de enero de 2024.
La medida daba el mismo plazo para restringir el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de agroquímicos que contengan glifosato como ingrediente activo y prohibía a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a hacer cualquier uso con él, "en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno".
También se instruyó a las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) y a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a promover e implementar "alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas" al uso del glifosato; así como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a coordinar, promover, articular y apoyar las investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones "que le permitan sustentar y proponer alternativas" a ese químico.
¿Qué cambia con los cambios introducidos?
La nueva política precisa que se prohíbe la adquisición, uso, distribución, promoción e importación del maíz transgénico, pero detalla que la restricción aplica únicamente al producto destinado a la alimentación animal y de uso industrial para alimentación humana, entendiéndose esto último como a los granos utilizados en el proceso de nixtamalización o elaboración de harina, "que es la que se realiza en el sector conocido como de la masa y la tortilla".
La restricción "no representa afectación alguna al comercio", indicó la Secretaria de Economía a través de un comunicado emitido el lunes, al explicar que México es de sobra autosuficiente en la producción de maíz blanco libre de modificaciones genéticas, el grano utilizado en la elaboración de masa y tortillas.
En concordancia con su versión anterior, el Gobierno mantiene la orden que revoca las licencias para la liberación de semillas y el uso de maíz transgénico en los dos preceptos antes mencionados, aunque indica que en lo que se logre la sustitución, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) podrá continuar otorgando permisos, de conformidad con las políticas de autosuficiencia alimentaria del país y de los principios científicos, normas y recomendaciones internacionales y locales.
En cuanto al glifosato, la medida sostiene los términos introducidos con anterioridad, sin embargo, instruye por primera vez a la autoridad a no emitir más autorizaciones y permisos para su uso, una medida que antes solo se contemplaba para el maíz.
El decreto también extiende el plazo para acatar la orden sobre el glifosato hasta el 31 de marzo de 2024, tiempo tras el cual la Administración pública podrá imponer sanciones. Cabe destacar que no se mencionan modificaciones a la fecha de vigencia para el caso del maíz transgénico.
La política preserva las responsabilidades previamente conferidas a la Sagarpa, Semarnat y Conacyt, si bien confiere a la Cofepris la tarea de realizar estudios científicos sobre el consumo del maíz genéticamente modificado y los posibles daños a la salud, en un claro guiño para dar respuesta a las inquietudes estadounidenses.
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