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Un juez del Supremo impide que se anule el decreto de Lula para limitar el acceso a las armas
El magistrado explicó que el objetivo es "frenar una tendencia de relajación vertiginosa de las normas de acceso a armas de fuego y municiones".
El ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, suspendió todos los procesos de los tribunales inferiores en contra de la legalidad del nuevo decreto de armas del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, con el que se impone mayor control sobre el acceso a las armas por parte de la población.
Mendes afirmó que el objetivo es "frenar una tendencia de relajación vertiginosa de las normas de acceso a armas de fuego y municiones en Brasil, mientras se discuten nuevas regulaciones en la materia".
Asimismo, detalló que "en la norma constitucional brasileña no existe un derecho fundamental de acceso a armas de fuego por parte de los ciudadanos y la adquisición y porte de armas de fuego",, y que en los últimos años hubo "un clara acción de inconstitucionalidad" en este asunto.
Revocar polémicos decretos
Una de las primeras medidas adoptadas por Lula tras tomar posesión de su cargo fue revocar una decena de polémicos decretos dictados por el exmandatario Jair Bolsonaro, entre ellos, los que facilitaban el acceso a las armas de fuego.
Lula suspendió nuevos registros de armas por parte de cazadores, tiradores y coleccionistas, así como la creación de clubes de tiro; redujo los límites para la compra de armas y municiones, y ordenó poner en marcha un grupo de trabajo para proponer nuevas regulaciones en la política de desarme.
El Ejecutivo también estableció un plazo máximo de 60 días para que todas las armas compradas desde mayo de 2019 sean registradas nuevamente por los propietarios.
"Habrá un censo general de las armas existentes en Brasil, con miras a separar el trigo de la paja", comentó entonces el ministro de Justicia, Flávio Dino.
Durante los cuatro años de su gobierno, Bolsonaro firmó más de 30 resoluciones destinadas a facilitar la adquisición o porte de armas. Muchas de ellas fueron bloqueadas después por la Justicia. Según datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, el número de personas con certificado de registro de armas de fuego creció un 474 % durante el gobierno del ultraderechista.
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