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El Ministerio de Hacienda de España se propone combatir la "corrupción" en los contratos públicos

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El ente de control ha publicado una estrategia con una serie de medidas diseñadas para ajustar todas las licitaciones a la normativa vigente durante los próximos cuatro años.
El Ministerio de Hacienda de España se propone combatir la "corrupción" en los contratos públicos

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, integrada en el organigrama del Ministerio de Hacienda de España, se ha propuesto combatir la "corrupción" e "irregularidades" en los contratos públicos, informaron este sábado medios locales.

Concretamente, el órgano ha publicado su 'Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026', un documento de 82 páginas en el que se enumeran una serie de medidas diseñadas para ajustar todas las licitaciones de la Administración a la normativa vigente durante los próximos cuatro años.

"Los principios de legalidad y buena gestión son fundamentales, no solo para garantizar el cumplimiento de las normas de contratación sino, también, para hacer eficaces y eficientes estas políticas públicas", reza el texto. Además, se indica que los datos abiertos no siempre son fácilmente abordables "de forma masiva", lo que dificulta su análisis y tratamiento conjunto.

En este sentido, explican que los datos a los que han tenido acceso revelan las carencias en el sistema, por lo que "deberían adoptarse medidas de refuerzo en los mecanismos de control desarrollados por los órganos de contratación".

¿Qué proponen?

Desde el ente de control precisaron que tienen tres objetivos: fortalecer las debilidades del proceso de contratación pública que se detecten; planificar y programar de manera adecuada las actuaciones de supervisión de la contratación pública; y coordinar criterios y metodologías utilizados para la supervisión por las distintas administraciones públicas.

Con este propósito, proponen incorporar elementos para la prevención del conflicto de intereses, del fraude y de la corrupción. Además, esperan llevar a cabo estudios previos para identificar ahorros de costes, realizar evaluaciones periódicas, tener una planificación de los contratos y evaluar los riesgos de la contratación pública por cambios normativos, estructurales o interpretativos.

Está previsto que el documento de las medidas se traslade al Consejo de Ministros del país ibérico a propuesta del Ministerio de Hacienda para, posteriormente, ser remitida a las Cortes Generales de España.

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