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Gobierno de Perú: "No existe una política de violación masiva y sistemática de derechos humanos"
Amnistía Internacional denunció una "grave crisis de derechos humanos" y el uso indiscriminado de armas letales en el contexto de la represión de las protestas.
El Gobierno de Perú rechazó las acusaciones en su contra sobre la violación de derechos humanos y racismo en el marco de las acciones del Estado durante las protestas que se desarrollan en la nación. El pronunciamiento surgió en respuesta a un informe al respecto presentado esta semana por la organización Amnistía Internacional.
"Es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un 'racismo sistémico' en el actuar de las distintas autoridades", señaló el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del país en un comunicado, al tiempo que lamentó "la pérdida de vidas humanas" en las manifestaciones.
Además, aseguró que "el Ejecutivo viene brindando todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones" con el fin de identificar "a los responsables de las graves afectaciones al derecho a la vida", así como de daños a la propiedad pública y privada durante los disturbios.
En este sentido, la institución agregó que en diciembre se creó una Comisión Multisectorial temporal en la que participan como invitados representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Perú y del Consejo Interreligioso de Perú, para dar seguimiento a las acciones en favor de los deudos de las personas fallecidas y heridas durante las movilizaciones.
Por otro lado, el ministerio resaltó que "el Gobierno peruano es consciente que en el país la lucha contra la discriminación es uno de sus mayores desafíos".
El Ejecutivo reiteró "su voluntad para desarrollar un diálogo nacional amplio e inclusivo con un enfoque intercultural y de derechos humanos" para alcanzar una salida consensuada de la crisis que atraviesa el país.
"Grave crisis de derechos humanos"
Amnistía Internacional denunció este jueves una "grave crisis de derechos humanos" y el uso "ilegítimo de armas letales" de forma "indiscriminada" contra la población por parte de las fuerzas del orden, especialmente contra personas indígenas y campesinas en el contexto de la represión de las protestas.
Según el organismo, las autoridades habrían actuado además "con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas", ya que el número de posibles muertes arbitrarias por la represión estatal se encuentra concentrado de manera desproporcionada en regiones con población mayoritariamente indígena (80 %).
La directora para las Américas de la organización, Erika Guevara Rosas, afirmó que un equipo de Amnistía Internacional recogió en los últimos días información de 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos y documentó 12 casos de muertes por uso de armas de fuego.
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