Dentro del problema del flujo migratorio ilegal entre México y Estados Unidos existe un tema especialmente sensible, y es el de los miles de niños quienes, a sus pocos años, han comprado la fantasía del sueño americano.
Según las autoridades, el año pasado fueron deportados casi 25.000 menores migrantes. Este año, en enero, el Instituto Nacional de Migración de México rescató a 67 migrantes originarios de Guatemala, de los cuales 57 eran menores de edad no acompañados, que viajaban hacinados en el remolque de una camioneta sobre la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.
La población infantil es considerada el grupo más vulnerable a situaciones que pueden violentar sus derechos, como ser detenidos, sufrir discriminación, pasar hambre, frío y no tener acceso a servicios de salud. Además, la presencia de cárteles en México los convierte en blanco del crimen organizado, que busca reclutarlos.
"Muchos de estos niños participan en el tráfico de sustancias y de personas y por su edad no los pueden detener en los EE.UU. y van haciendo círculos, por eso se conocen como 'niños de circuito'", asegura Eunice Rendón, coordinadora de la ONG Agenda Migrante.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre enero de 2021 y octubre de 2022 recibieron un total de 564 quejas en las que hay presencia de menores y adolescentes en movilidad migrante. Además, el organismo encontró que no existe un programa de acción eficaz a nivel nacional a la hora de manejar este problema.
Dado que los menores no pueden ser retenidos en estaciones migratorias, son enviados a instalaciones del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) hasta que se resuelvan sus procedimientos legales. Sin embargo, la información que se registra allí no tiene en cuenta datos básicos y vulnera los principios de no devolución, seguridad jurídica y debido proceso, participación, enfoque de género, enfoque psicosocial, entre otros.
La CNDH ha recomendado desarrollar un proyecto en materia de atención integral a estos pequeños en movilidad en México, que promueva la formación, capacitación y profesionalización del personal de las instituciones vinculadas con su protección. No obstante, en opinión de los expertos, para que este fenómeno pueda controlarse no solo son los países de tránsito y de llegada los que tienen que trabajar en frenar esta problemática, sino también los Gobiernos de los países expulsores de migrantes. Ante este panorama, las organizaciones sociales alertan de la necesidad de acciones conjuntas de ambos Gobiernos.