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Supremo de Brasil deroga ley que prohibía destruir bienes incautados en delitos ambientales

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La polémica normativa había sido aprobada por el legislativo del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, en julio de 2022.
Supremo de Brasil deroga ley que prohibía destruir bienes incautados en delitos ambientales

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil derogó la Ley de Roraima, una normativa que prohibía la destrucción de bienes incautados en operaciones contra la minería ilegal y de protección al medioambiente, en esa región del amazonas brasileño.

Con una decisión unánime de los jueces, el pleno del STF consideró que la ley violó la competencia del Estado para legislar, en materia penal y procesal, lo concerniente a las normas generales sobre la protección del medioambiente, y limitó la vigencia de la Ley Federal de Delitos Ambientales, que autoriza la incautación y destrucción de productos e instrumentos utilizados para tales fines.

De esta manera, el STF declaró inconstitucional la mencionada normativa que prohibía a los órganos de inspección ambiental y a la Policía Militar destruir o inutilizar bienes privados incautados a mineros y madereros en operaciones ilegales contra el medioambiente en el estado de Roraima, donde también habitan varios pueblos indígenas como Macuxí, Wapixana, Taurepang, Ingarikó, Yanomami, Yekuana, Wai-Wai y Waimiri-Atroari.

La decisión del STF responde a una petición que hizo el partido Red de Sostenibilidad (Rede Sustentabilidade en Brasil) y el Ministerio Público, que solicitaron declarar la inconstitucionalidad de la ley, detalló el juez del máximo tribunal y relator de la medida, Luís Roberto Barroso.

El propio Barroso ya había otorgado una medida cautelar contra la mencionada normativa en octubre de 2022, porque violaba "el derecho fundamental a un medio ambiente ecológicamente equilibrado" y porque permitía "la práctica de nuevas infracciones" en esa materia.

El jurista agregó que si el STF permitía la vigencia de esa ley, peligraba la eficacia de la fiscalización y se podrían generar "posibles daños irreparables o de difícil reparación al medioambiente y a las poblaciones indígenas de Roraima".

La anulada normativa había sido sancionada en julio de 2022 por el gobernador Antonio Denarium. El texto, de autoría del exdiputado estatal Jorge Melo, recibió el aval de 14 de los 24 parlamentarios de la Asamblea Legislativa de Roraima, detalla el medio local G1.

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