Más años en prisión: la movida de Boluarte en el Congreso de Perú para disuadir la protesta social

El Gobierno transitorio de Dina Boluarte en Perú, que está cerca de cumplir tres meses en el poder en un clima de inestabilidad política, ingobernabilidad y masivas protestas en su contra, ha decidido realizar una polémica movida ante el Congreso para intentar disuadir las manifestaciones sociales que aún persisten y se extienden en todo el país suramericano.

La reciente apuesta del régimen de Boluarte busca que el Parlamento —institución que la juramentó tras destituir a Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y que ha respaldado su gestión a pesar del rechazo popular— modifique el Código Penal vigente y el Código Procesal Penal para "reforzar la respuesta del Estado" en medio de la situación de emergencia que impuso su Gobierno para enfrentar las manifestaciones.

El proyecto propuesto por Boluarte al Parlamento —que ha negado en varias ocasiones a adelantar las elecciones generales— pretende que al reformar esas leyes, se establezcan "medidas inmediatas, urgentes y excepcionales" que le otorgue permisividad al Estado para enfrentar "los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados", cometidos en el actual estado de emergencia.

La medida, presentada el pasado viernes 17 de febrero con el expediente PL 4271/2022-PE, tiene como principal objetivo aumentar la cantidad de años que pasaría en prisión una persona que cometa delitos penales durante el estado de emergencia.

Los castigos que se pretenden modificar también incluyen penas más altas contra agentes de las fuerzas del orden público que sean señalados de cometer crímenes.

Tras conocerse la propuesta, sectores civiles y políticos de Perú como el Partido Voces del Pueblo, han rechazado la controversial reforma y denuncian que el proyecto es una intimidación contra la protesta social y un intento de disuasión gubernamental, porque criminaliza y castiga la legitimidad de las manifestaciones que contabilizan al menos 60 fallecidos por la represión de la fuerza pública.

¿Qué modificaría el Congreso a solicitud de Boluarte?

La iniciativa presentada por Boluarte pretende que el Congreso cambie 19 artículos del Código Penal: el 121, 122, 159, 186, 189, 200, 204, 206, 273, 279, 279-A, 279-B, 279-G, 280, 283, 315, 365, 366 y 367.

Un punto crítico en las reformas que pretende implementar el Ejecutivo peruano, es el plazo de detención policial contra una persona dentro del estado de emergencia, teniendo en cuenta que cualquier individuo que sea detenido, aún sin demostrarse su culpabilidad en algún hecho, tendría que permanecer privado de libertad hasta 48 horas, cuando el máximo actual es de 24 horas.

Además, si la Fiscalía o las autoridades lo deciden, la persona aprehendida podría ser castigada con la imposición de una detención preliminar o judicial de hasta diez días; mientras que los juicios inmediatos para los capturados se reducirían de 72 horas a 48 horas.

Algunas de las reformas también apuntan a casos que el Ejecutivo ya ha etiquetado como responsables a los manifestantes. En el caso de disturbios que generen violencia física y daños a la propiedad, los delitos que ahora se castigan con seis a ocho años, se elevarían con penas no menores a 15 años de prisión.

Además, en el delito de extorsión, utilizado por las autoridades para culpar a las personas que bloquean carreteras e impiden el libre tránsito como parte de las protestas, pasaría de una pena de cinco y diez años, a seis y 12 años de cárcel.

Lo mismo ocurre con los daños a bienes artísticos, culturales o históricos, que tiene una condena entre uno a seis años, y que con el ajuste sería castigado con cuatro a ocho años de cárcel. Igualmente la violencia contra la autoridad pasaría de una pena mínima de dos años a condenas de cuatro a seis años.

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Otros hechos que buscan penar son los que entorpecen el funcionamiento de servicios públicos y daños a la propiedad pública y privada, que cambiaría de seis a ocho años de cárcel y pasaría de ocho a diez años. También tendrían condenas más altas, entre cuatro y 20 años de privación de libertad, los delitos relacionados a incendios provocados y explosiones; así como la fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos.

¿Criminalizar la protesta?

El medio local Wayka resalta que en medio de las protestas gran parte de la ciudadanía ha denunciado que en los procedimientos policiales, los uniformados han incriminado a manifestantes de supuestamente participar en hechos violentos, delitos que habrían sido ejecutados por personas infiltradas por la propia Policía, el Ejército o aliados al régimen.

En ese sentido, recuerda que en varios hechos que le han atribuido a los manifestantes, se ha esclarecido, mediante fotos y videos, que la fuerza pública y "personas infiltradas" han ocasionado incendios para afectar propiedades públicas y privadas.

Además, la ciudadanía y gremios, como la Confederación Campesina de Perú, han denunciado que la Policía ha sembrado explosivos y armas, para intentar condenar a civiles que participan en las protestas.

De esta manera, agrega el medio, la Administración de Boluarte pretende "endurecer" las penas privativas de libertad como un acto de persecución contra los manifestantes, con el que intentan "criminalizar" a la ciudadanía que exige la liberación de Castillo, la renuncia de la mandataria designada, el cierre del Congreso, la pronta celebración de elecciones generales, una Asamblea Constituyente y justicia para las víctimas mortales y heridos por la represión policial.

3.000 policías para las calles

Mientras las reformas que aspira implementar Boluarte están en manos del Parlamento, su Ejecutivo realiza otras acciones para "fortalecer la seguridad y la paz social" a través de acciones emanadas por el Ministerio de Interior, responsable del orden y la fuerza púbica.

El ministro de esa cartera, Vicente Romero, sostuvo el jueves una reunión con gremios empresariales, que también han rechazado las protestas al considerar que ponen en riesgo sus intereses económicos en medio del clima de inestabilidad política y agitación social que vive el país.

Durante el encuentro estuvieron presentes representantes de la Cámara de Comercio de Lima, Perú Cámaras, Asociación de Exportadores (Adex), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, la Sociedad Nacional de Pesquería, la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la Asociación de Bancos y Pyme Perú; además de directivos de la Policía y funcionarios responsables del orden público.

El ministro Romero prometió a los empresarios coordinar acciones "en favor de la seguridad ciudadana" y resaltó que están "intensificando la presencia policial en las calles con el despliegue de 3.000 policías". Al respecto, el funcionario comentó que su gestión está enfocada "en recuperar la confianza de la población en la Policía de Perú".

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Según el despacho de Interior, los jefes empresariales reconocieron la labor de los uniformados —ampliamente criticados por la represión contra los manifestantes—, y "su desempeño en restablecer el orden interno, la tranquilidad, la paz social y el principio de autoridad en el país". Además, dijeron que apoyarán las iniciativas "que buscan reforzar la seguridad ciudadana y el acercamiento de la Policía a la población".

Aunque el proyecto de ley propuesto por Boluarte aún no ha sido estudiado por la plenaria del Parlamento, el texto se encuentra en estatus de "seguimiento" dentro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, por lo que se espera que en los próximos días sea evaluado y discutido por el legislativo.

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