"Ellos son antidemócratas": López Obrador sobre la masiva marcha opositora en rechazo a su 'Plan B'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó este lunes a la marcha masiva que la oposición realizó la víspera para rechazar el llamado 'Plan B' de su Gobierno, que modifica leyes en materia electoral que ya fueron aprobadas en el Congreso.

"Se trata de un asunto político (...) no les importa la democracia, quieren que continúe el predominio de una oligarquía, es decir un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo", aseguró el mandatario durante su conferencia mañanera.

Para López Obrador, en la marcha del domingo participaron personajes que se resisten a la transformación del país porque –a su juicio– están ligados a la corrupción que predominó durante tantas décadas.

"Quieren seguir robando. Quieren regresar por sus fueros. Quieren mantener en la marginación y el olvido a la mayoría de los mexicanos (...) utilizan la mentira de que se quiere afectar la democracia en México, cuando ellos son, en esencia, antidemócratas", denunció.

En una de las partes más duras de su discurso, López Obrador aseguró que quienes marcharon el domingo han formado parte de la corrupción en México.

"Han pertenecido al narcoestado", dijo al recordar que apenas la semana pasada Genaro García Luna –quien ocupó altos cargos en materia de Seguridad durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón– fue encontrado culpable de delitos de narcotráfico por un tribunal de EE. UU.

También se refirió al lema de la marcha, que fue: "el INE no se toca", y que apela a la defensa del Instituto Nacional Electoral. "Lo que están pensando es que no se toca la corrupción; los privilegios no se tocan, el narcoestado no se toca", afirmó.

¿Qué es el Plan B?

El año pasado, López Obrador impulsó una reforma electoral que, entre otros aspectos, planteaba la desaparición del INE, pero, como implicaba cambios constitucionales, no obtuvo los votos necesarios en el Congreso.

Después presentó una segunda propuesta que solo modificaba leyes secundarias y que fue bautizada como el "Plan B".

Esta segunda opción sí avanzó y terminó su trámite parlamentario la semana pasada, luego de que el Senado avalara cambios a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; y la Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación.

Además, se creó la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En términos generales, la nueva legislación recorta el presupuesto y las facultades del INE; impone paridad de género en las candidaturas; modifica el calendario electoral; obliga a que los legisladores que quieren reelegirse dejen sus curules durante sus campañas; y permite el voto de personas que cumplen prisión preventiva.

Por otra parte, se elimina a personal electoral, como los vocales de las 300 Juntas Distritales que, hasta ahora, eran cinco. Una vez que los cambios entren en vigor, solo habrá uno.

También se removerá de forma anticipada al actual secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, y desaparecerá la Junta General Ejecutiva del organismo, la cual estaba encargada del manejo presupuestario.

El gobierno argumenta que los recortes de personal son con el fin de ahorrar recursos, pero la oposición advierte que ello pondría poner en riesgo las votaciones.

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma era la llamada "cláusula de vida eterna". Ese apartado proponía que, en una alianza o coalición electoral, el partido que hubiera obtenido más votos le transfiriera a otros partidos menores parte de esos votos, con el fin de evitar que perdieran su registro. Sin embargo, este punto fue rechazado.

La movilización

Los manifestantes salieron a defender al Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que, si la legislación aprobada entra en vigor, tendrá que poner en marcha una serie de cambios sustanciales tanto en su integración como en su funcionamiento.

La movilización forma parte de la permanente pelea que López Obrador ha mantenido con el INE, en particular con su presidente, Lorenzo Córdova.

Por eso el mandatario la descalificó de antemano, ya que desde hace semanas aseguró que el verdadero lema de la marcha era: "Genaro García Luna no se toca", en referencia al exfuncionario que, según un tribunal de EE.UU., estaba aliado con el Cártel de Sinaloa.

El conservador Partido Acción Nacional (PAN) fue el más afectado por el fallo contra García Luna, ya que formó parte de los gobiernos de Fox y Calderón, por lo que ahora ambos gobiernos quedan ensombrecidos por los vínculos con el narcotráfico.

Pero en la marcha no solo participaron los militantes de este partido, sino todas las fuerzas opositoras, además de ciudadanos sin filiación partidaria orgánica.

Pelea

Las posiciones del presidente y de sus adversarios o críticos son irreconciliables.

Para López Obrador, los cambios son necesarios para "sanear" los procesos electorales y lograr que el INE sea un árbitro verdaderamente independiente.

Para los opositores, los cambios afectan por completo el sistema electoral y ponen en riesgo a la democracia, a poco más de un año de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de junio de 2024.

Por eso anticiparon que frenarán judicialmente el "Plan B", ya que una vez que entren en vigor, interpondrán denuncias en tribunales.

Miles de mexicanos marchan en defensa del INE y en rechazo del 'Plan B' de López Obrador

De hecho, la pelea legal ya comenzó, puesto que Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia, suspendió la aplicación de las reformas en el Estado de México y en Coahuila, en donde este año habrá elecciones de gobernador.

El Gobierno reaccionó de inmediato. En un comunicado, la Consejería Jurídica de la Presidencia impugnó el fallo del magistrado, y lo acusó de violar la Constitución porque las normas aprobadas en el Congreso solo pueden invalidarse con el voto de ocho ministros de la Suprema Corte.

"Resulta preocupante que el ministro Alberto Pérez suspenda la aplicación de las leyes sin que exista ningún hecho o indicio que demuestre la supuesta existencia de alguna afectación irreparable al sistema democrático o a los derechos fundamentales implicados, como lo señala de forma dogmática en su determinación", señala el texto oficial.