El sur de Perú organiza la 'segunda toma de Lima' contra Boluarte: ¿cuál es el escenario actual?

Grupos de manifestantes de distintas provincias del sur de Perú se movilizan hacia la capital del país para realizar la 'segunda toma de Lima', como parte de las protestas masivas contra el régimen de la presidenta designada por el Congreso, Dina Boluarte.

Las movilizaciones parten principalmente desde Puno, región que se ha mantenido en resistencia contra la Administración de la cuestionada mandataria desde que asumió el poder el 7 de diciembre de 2022 tras la destitución que efectuó el Parlamento contra el presidente Pedro Castillo, encarcelado desde entonces.

Según medios locales, pobladores de regiones como El Collao, Chucuito, Yunguyo, entre otras, comenzaron a viajar en autobuses hacia Lima desde el lunes, para preparar las manifestaciones previstas para este miércoles 1° de marzo.

Desde Puno, donde se mantienen fuertes bloqueos de carreteras y manifestaciones, se integrarán al menos habitantes de 13 localidades dirigidas por movimientos indígenas, campesinos y liderazgos sociales que rechazan el gobierno de Boluarte y la llamada "dictadura" del Congreso, y exigen elecciones generales y una Asamblea Constituyente para reformar al Estado y la Constitución.

Además, la provincia de Puno, que se ha mantenido en protesta desde la destitución de Castillo, ha sido la región más castigada por la represión policial y militar del gobierno de Boluarte, al contabilizar al menos 20 personas fallecidas en medio de las manifestaciones sociales, por las que también demandan justicia.

La convocatoria de los manifestantes peruanos se hace a poco más de un mes de la primera 'Toma de Lima', que comenzó el 19 de enero pasado, se extendió rápidamente y por varios días hacia distintas regiones del país y causó fuertes críticas ante las denuncias de la represión policial.

Masacre de Puno

En esa misma provincia, el pasado 9 de enero, la represión armada de la fuerza pública dejó un saldo de al menos 17 fallecidos en la localidad de Juliaca, crímenes que han sido calificados como una masacre.

Sobre estos hechos, el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público detalló que en nueve de las víctimas se encontraron proyectiles de alto calibre de arma de fuego, con disparos en zonas mortales como cabeza, estómago y tórax.

Además, la Fiscalía de Perú inició una investigación preliminar contra Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola y el exjefe del gabinete anterior Pedro Ángulo; el entonces ministro del Interior Víctor Rojas y su antecesor César Cervantes; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, por "presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves", cometidos durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

¿Qué dicen las encuestas?

En el más reciente estudio de opinión del Instituto de Estudios Peruanos sobre la coyuntura política actual del país, efectuado vía telefónica entre el 18 y el 22 de febrero de 2023, la Administración de Boluarte cuenta con una aprobación de apenas 15 % y un rechazo de 77 %. Además, 70 % de los encuestados considera que la mandataria debe renunciar.

La mayoría de la población que está en contra de Boluarte vive "especialmente en el ámbito rural" y se concentra en personas que se identifican como de izquierda o de centro, demandan una nueva Constitución y afirman que Perú no es una democracia, dice el estudio. Ademas, la desaprobación de la mandataria se ha incrementado en seis puntos porcentuales desde diciembre pasado, cuando marcó 71 % de rechazo.

Por su parte, el apoyo a la gestión del Congreso peruano es de solo 6 %, mientras que el rechazo se ubica en 90%. Esa desaprobación, dice el estudio, "es significativamente mayor en el sur de país", como sucede con Boluarte.

Frente a la crisis política e institucional y la recurrente negativa al adelanto de elecciones, 33 % de los encuestados cree que el Congreso pretende quedarse en funciones hasta el 2026. Otro 28 % estima que finalmente el Parlamento aprobará nuevos comicios en 2023; y 15 % no tiene una opinión clara.

De igual forma, la Policía y las Fuerzas Armadas peruanas son desaprobadas por sus funciones durante la crisis.

En el caso de los policías, su aprobación cayó de 50 % en enero a 41 % en febrero. Por su parte, los militares tienen un apoyo de 48 %, un cambio drástico a diciembre de 2022 cuando tenían la aprobación de 61 % de los encuestados. Además, su rechazo actual se ubica en 46%.

Sobre las protestas y el adelanto de elecciones

El estudio estadístico detalla que en la actualidad 69 % de los consultados están a favor del adelanto de las elecciones generales para 2023. La cifra cayó cuatro puntos porcentuales con respecto a enero, cuando se ubicó en 73 %. Además, el estudio indica que 52 % se siente optimista en que la situación del país podría mejorar si se adelantan los comicios.

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En el caso de las protestas, 58 % de los entrevistados apoya las manifestaciones, mientras que 39 % no se identifica con la lucha social. Además, 40 % cree que las protestas van a aumentar, 22 % considera que seguirán igual, y 29 % piensa que disminuirán.

Otro aspecto señala que 55 % cree que las protestas conseguirán adelantar las elecciones, mientras que el 38% dice que no lo harán. Además, 51 % asegura que las manifestaciones conseguirán que Boluarte renuncie, mientras que 44 % argumenta que no lo lograrán.

Mientras tanto, Boluarte ha insistido que las protestas en su contra, sobre todo las adelantadas en Puno, son alentadas por un "poquito grupo radical, violento, que quiere convertir en una anarquía" tanto esa zona como el resto del país.

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