Un grupo de 207 trabajadores fue rescatado en Bento Gonçalves, en el estado de Río Grande do Sul, donde eran sometidos a "condiciones degradantes" y a trabajos análogos a la esclavitud durante la vendimia.
La mayoría de los trabajadores eran del estado de Bahía y se desplazaron hasta Río Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay, para recoger la uva con promesas de alojamiento, comida y un salario superior a 3.000 reales (unos 570 dólares). Sin embargo, nada más llegar, se les obligó a pagar por el lugar donde dormían.
Aunque la historia se destapó la semana pasada, el caso vuelve ahora a las portadas de los periódicos tras los comentarios xenófobos de un concejal de ese estado.
"En ningún lugar del estado, en agricultura, hubo un problema con un argentino. En cambio, con los bahianos, que la única cultura que tienen es vivir en la playa y tocar el tambor, era normal que hubiese algún problema", aseguró Sandro Fantinel, concejal bolsonarista de Caxias do Sul, de Rio Grande do Sul.
Y continuó: "Todos lo agricultores que tienen argentinos trabajando hoy no hacen más que aplaudir. Son limpios, trabajadores, correctos, cumplen el horario, mantienen la casa limpia y el día de irse incluso agradecen al patrón por los servicios prestados y el dinero recibido".
En la biografía de Fantinel, colgado en la página web de la Cámara, se especifica que el político creó en 2017 la 'Comisión Pro-Bolsonaro 2018', que estuvo integrada por un grupo de "empresarios de derecha que deseaban cambiar el país".
En junio de 2018, renunció a su candidatura como diputado federal para "trabajar única y exclusivamente en la campaña del entonces candidato a la presidencia, Jair Bolsonaro".
Las palabras del político han provocado un aluvión de críticas. "El discurso xenófobo y repugnante del concejal de Caxias contra el nordeste no representa al pueblo de Rio Grande do Sul. No admitiremos ese odio, intolerancia y falta de respeto en la política y en la sociedad", declaró Eduardo Leite, gobernador de este estado.
Por su parte, el gobernador del estado de Bahía, Jeronimo Rodrigues, condenó las declaraciones del concejal. "Es inhumano, vergonzoso e inaceptable ver que hay brasileños capaces de defender la crueldad humana. Determiné, por tanto, la adopción de las medidas oportunas para que el concejal rinda cuentas por su intervención", aseguró.
El diputado Leonel Radde, del Partido de los Trabajadores,(PT) informó que ya se ha interpuesto una denuncia contra Fantinel.
En una entrevista a Folha de Sao Paulo, Fantinel dijo que "habló de más" y que volverá a la Cámara para "pedir disculpas".
Descargas eléctricas y gas pimienta
La Policía lanzó la semana pasada una operación de rescate, después de que seis trabajadores escaparan de las propiedades rurales donde estaban retenidos y denunciaran lo sucedido.
El Ministerio de Público de Trabajó (MPT) abrió una investigación sobre el caso y algunas de las víctimas relataron que se les obligaba a trabajar de sol a sol, sin descansos. También denunciaron que fueron atacados con descargas eléctricas y gas pimienta.
Según el MPT, tres compañías –Aurora, Cooperativa Garibaldi y Salton– subcontrataban a una tercera que les ofrecía la mano de obra. A pesar de que las tres firmas han publicado comunicados afirmando que desconocían los hechos y que siempre actuaron dentro de la ley, las repercusiones han sido inmediatas.
La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) comunicó la suspensión de las actividades de Aurora, Cooperativa Garibaldi y Salton en todas sus iniciativas.
Según el MPT, solo en 2022 se rescató en Brasil a 2.575 personas que trabajan en condiciones análogas a la esclavitud en 17 estados del país.