La Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pidió al Gobierno de Perú que informe sobre el accionar policial durante las protestas que se iniciaron el pasado 7 de diciembre, en las que se contabilizan más de 60 fallecidos.
En comunicación reservada dirigida al representante permanente de Perú ante la ONU en Ginebra, Luis Chuquihuara, el organismo dio un plazo no mayor a 60 días para que el Ejecutivo encabezado por Dina Boluarte entregue información precisa sobre los graves hechos denunciados ante esa oficina.
Se menciona casos del uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, estigmatización de la protesta, violación al debido proceso, además de "un elevado número de muertes potencialmente ilícitas".
"Emitimos este llamamiento para salvaguardar los derechos de las personas que están ejerciendo sus derechos de asociación y manifestación pacífica y a la libertad de pensamiento y de conciencia, con el objeto de proteger sus derechos de posibles daños irreparables", dice el documento de 21 páginas al que accedió Epicentro.
El organismo exige al Gobierno peruano "proporcionar información detallada sobre las investigaciones y averiguación judicial sobre los alegados homicidios durante las manifestaciones", así como sobre el estado actual de la indagación, y si la misma se ajusta a los estándares internacionales y científicos.
El Gobierno interino de Perú rechazó las acusaciones en su contra sobre violaciones a los derechos humanos y racismo "sistémico", tal como denunció días atrás Amnistía Internacional (AI).
Dina Boluarte ha ordenado mediante un decreto de urgencia compensar económicamente a las familias de las personas fallecidas en enfrentamientos con la Policía, tanto civiles como uniformados.