Más detalles sobre el escándalo del 'caso Mediador' en España: 60.000 euros en una caja de zapatos y fotos con prostitutas

Se siguen conociendo datos sobre el 'caso Mediador', que se ha convertido en el tema central de debate en España en las últimas dos semanas. Se trata de una trama en la que hay involucrados políticos en activo y empresarios, donde se cobraba mordidas y se extorsionaba a cambio de privilegios en la concesión de contratos públicos y ayudas o de evitar inspecciones o sanciones administrativas, según la investigación que se está desarrollando en los juzgados.

Después de que Marco Antonio Navarro Tacoronte, la figura que le da nombre al caso y que mediaba entre empresarios y políticos, amenazara con nombrar a más implicados, el presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, reconoció este miércoles que se reunió con él, aunque sostiene que en una única ocasión y solo para un café, según dijo a los medios en declaraciones en el Parlamento de Canarias.

Además, se ha conocido que el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas, uno de los investigados, tenía más de 60.000 euros en efectivo. La mitad de ese montante se encontraba en una caja de zapatos, mientras que la otra mitad estaba envuelta en ropa en un armario. Era conocido como "papá" y la Policía sospecha que llevaba la contabilidad B de la trama.

También salieron a la luz nuevos detalles de las conversaciones que fueron incautadas en el móvil que el propio Navarro puso a disposición de los investigadores y que permiten conocer la jerga que utilizaban los involucrados.

Así, para referirse a los 5.000 euros que habrían pagado los empresarios para iniciar las negociaciones, hablaban de 5 bolígrafos. Bocadillos de calamares era la manera de referirse a las mordidas con las que se habría intentado sobornar a los empresarios.

El portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha expresado su rechazo hacia las informaciones que se están conociendo y ha presumido de que su formación ha actuado de manera ejemplar al suspender de militancia al diputado investigado.

El exdiputado da su versión

En la cúspide de este caso de corrupción se encuentra Juan Bernardo Fuentes Curbelo, diputado en el Congreso por el Partido Socialista hasta que estalló el escándalo, cuando su partido lo suspendió de militancia y él renunció a su escaño.

Fuentes Curbelo, a quien apodaban 'tito Berni', habría utilizado la cuenta bancaria de un pequeño club deportivo infantil que presidía para ingresar parte de las supuestas mordidas que recibía. La investigación detalla que el político facilitó hasta en 17 ocasiones los datos de esa y otras dos cuentas bancarias al intermediario de la red.

Además, el exdiputado habría conseguido la instalación de placas solares gratis en su vivienda a cambio de sus gestiones para que una empresa lograra un contrato público por un valor de 90.000 euros. Parte de esas comisiones ilegales habrían sido blanqueadas con facturas falsas del club deportivo.

Tras ser forzado a renunciar a su escaño el 14 de febrero y perder así su aforamiento, la jueza ordenó su detención, aunque posteriormente quedó en libertad sin cargos, al no apreciarse riesgo de fuga. Está acusado de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal organizado y blanqueo de capitales.

En la primera entrevista que concedió a un medio nacional, Antena 3, este miércoles defendió su inocencia. Afirmó que conocía al mediador porque le pidió una reunión cuando ostentaba un cargo en las ilas Canarias y que, tras ser nombrado diputado, en 2020, le presentó a empresarios interesados en instalarse en la Zona Especial de Canarias, sujeta a menores tipos impositivos.

Además, el exdiputado sostuvo que nunca ha tomado estupefacientes, alegando además que padece de problemas de salud.

Fuentes Curbelo también insistió en que no tenía una relación estrecha o de amistad con Navarro, a pesar de las facturas que demuestran que coincidían en hoteles o de las videollamadas intercambiadas a altas horas de la noche.

Sobre una foto en un club de alterne, acompañado de Navarro, el político ha dicho que fueron a ver el negocio de otro empresario y entonces se dieron cuenta de que era un club. Una versión parecida aportó sobre una fotografía en la que aparece en compañía de prostitutas: "Me tocan en mi habitación, me dicen que me va a presentar el señor Navarro unas amigas", detalló y aseguró que no es "consumidor de prostitución".

Doce detenidos

Además de Fuentes Curbelo, hay otros once detenidos entre los que se encuentran el mediador de la trama, el general retirado de la Guardia Civil -el único que se encuentra en prisión- y Taishet Fuentes, sobrino de Fuentes Curbelo y su sustituto en el cargo de director general de Ganadería del Gobierno regional canario cuando su tío abandonó el puesto para ser diputado en 2020.

Explota en España el 'caso Mediador': mordidas, prostitutas, drogas, cohecho y un diputado dimitido

Los políticos y sus colaboradores recibían o forzaban a abonar dádivas de empresas, sobre todo del sector lácteo y ganadero. Las comisiones se recibían en forma de dinero o de invitaciones a restaurantes y fiestas en las que participaban prostitutas y abundaban las drogas, según la versión ofrecida por Navarro. Todo ello pagado por los empresarios involucrados.

Al parecer algunas de las reuniones se habrían producido en el propio Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid, mientras que las celebraciones posteriores tendrían como escenario restaurantes, pisos, hoteles y clubs de alterne.

¿Cómo estalló el caso?

El caso estalló de la manera más casual e inverosímil, cuando el director de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña, denunció en una comisaría que se habían realizado compras con su tarjeta bancaria por un valor de 2.575 euros sin su consentimiento en diciembre de 2021.

La investigación confirmó que el beneficiario de esos abonos era Marco Antonio Navarro, el mediador, que llegó a ser detenido en enero del año pasado acusado de estafa.

Sin embargo, ante el juez Navarro aseguró que los gastos se habían hecho con el consentimiento de Pérez Peña y lo demostró con conversaciones de mensajería instantánea. Así, la acusación inicial se demostró falsa y la causa se archivó. Por su parte, Pérez Peña renunció a su cargo y se inició contra él una investigación por denuncia falsa.

En ese marco, fue el propio Navarro el que reveló que tenía pruebas contundentes de delitos de corrupción de cargos públicos. Para demostrarlo entregó sus dos teléfonos móviles, que contenían 128 gigas de datos, entre ellos, 107.026 imágenes, 39.698 archivos de audio y 3.158 vídeos.

En una entrevista a la emisora de radio Cope Canarias, Marco Antonio Navarro dijo que Pérez Peña había cometido un error al ponerle la denuncia. Aseguró que él no era un chivato y que la situación le obligó por un fallo de su abogado, que se negó a aportar los dispositivos de su cliente alegando que tenía información confidencial del Gobierno de Canarias, lo que disparó todas las alarmas.

Acusaciones cruzadas

La Fiscalía española pide cárcel para la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy en un escándalo político, policial y mediático

El estallido de este caso ha provocado una miríada de acusaciones cruzadas entre el Partido Socialista y el Partido Popular, el principal sector de la oposición.

Desde la fuerza conservadora, se han pedido explicaciones al Partido Socialista y se ha anunciado que se solicitará la apertura de una Comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y la comparecencia de varios ministros. Además, se acusa al partido en el Gobierno de tener conocimiento de lo que estaba sucediendo y de no ser transparente, según ha afirmado la portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra.

Por su parte, los socialistas alegan que se ha actuado de una manera ejemplar, apartando inmediatamente al diputado investigado y critican que los populares intenten dar lecciones de actuación ante la corrupción la misma semana que se ha conocido la petición de cárcel de la Fiscalía para la cúpula del Ministerio del Interior del expresidente Mariano Rajoy en el marco del 'caso Kitchen'.

Así, sostienen que el Partido Popular sigue teniendo en sus filas a un exministro a quien le piden 15 años de cárcel, en referencia al extitular de la cartera de Interior Jorge Fernández Díaz, como ha recordado en rueda de prensa el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López.