Falta de inversión, altas temperaturas, ¿y sabotaje?: qué hay detrás de los apagones en Argentina

Ya es casi una tradición. En cuanto comienza el verano en Argentina, es un hecho que habrá consumo récord de energía y que es probable que el servicio colapse. La única duda es cuándo y dónde habrá apagones masivos o cortes acotados, cuánto durarán, cuántos usuarios se verán afectados.

El más reciente ocurrió esta semana, en la recta final de un verano en el que las altas temperaturas son récord y no cesan. El miércoles por la tarde, con un clima de 36 grados, seis millones de hogares (en los que viven unos 19 millones de personas) se quedaron sin energía eléctrica durante tres horas.

Con la batería que aun tenían en los teléfonos, usuarios de la zona metropolitana de Buenos Aires y de las provincias de Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Santa Cruz, Salta, Santiago del Espero y Tucumán se quejaron de inmediato en las redes sociales con argumentos que se repiten cada año.

Unos denuncian la falta de inversión en infraestructura y la negligencia de las empresas concesionarias. Otros señalan la ausencia de un Estado que, en lugar de sancionar a las empresas privadas de energía por su mal servicio, las sigue favoreciendo subsidios multimillonarios; algunos más acusan el negativo impacto del cambio climático, que da como resultado temperaturas inusualmente altas y más prolongadas.

Pero en esta ocasión se sumó una nueva tesis. Las autoridades explicaron que el corte que afectó casi a la mitad del país se debió a un incendio registrado en una de las líneas de transmisión de energía, ubicada en la provincia de Buenos Aires. Y sospechan que el incendio fue intencional.

Por eso, a sabiendas de que los apagones suelen generar un alto grado de molestia social, el ministro de Economía, Sergio Massa, ordenó una investigación para saber si hubo algún tipo de sabotaje, justo en medio de las precampañas presidenciales con miras a las elecciones generales de octubre.

Crisis añeja

Argentina arrastra una crisis energética que se ha agravado en las últimas décadas.

Durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1889), la escasez de electricidad provocó que se establecieron cortes programados que duraban algunas horas. Eran tiempos en los que, en el sector, convivían empresas estatales y privadas, algunas de ellas de capitales extranjeros.

Con Carlos Menem (1989-1999) llegaron las políticas neoliberales, lo que permitió la privatización del sistema energético, que en ese momento tenía deudas millonarias y estaba al borde del colapso. Tal y como hicieron en el resto de América Latina, las empresas privadas nacionales y extranjeras que se beneficiaron con la entrada de compañías nacionales prometieron grandes inversiones para modernizar y ofrecer un servicio de alta calidad.

Pero lo que en realidad hicieron fue despedir a miles de empleados, aumentar tarifas (con incrementos que siempre consideran insuficientes), quedarse con las ganancias, cobrar subsidios multimillonarios e incumplir con las inversiones prometidas. Las grandes obras quedaron pendientes. La mejora de la atención a los usuarios, también.

Las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner mantuvieron la privatización, a través de un sistema que combinó altos subsidios a las empresas (desde 2004 y hasta 2015 recibieron 160.000 millones de dólares por parte del Estado) y a los consumidores. Los precios del servicio se mantuvieron congelados.

El Gobierno de Mauricio Macri (2015-2020) cambió la fórmula: mantuvo los subsidios a las empresas privadas, pero se los redujo drásticamente a los usuarios: aplicó un "tarifazo". En sus cuatro años de gestión, las facturas eléctricas fueron entre 34 y 55 veces más caras, dependiendo de la categoría y del consumo.

Más allá de las medidas de unos y otros gobiernos, el común denominador es que los cortes de luz siguen siendo una constante. Y algunos casos quedaron para la historia.

El récord

La mañana del 16 de junio de 2019, en pleno otoño, los argentinos se aprestaban a celebrar el Día del Padre, cuando, de manera inédita, se registró un corte de electricidad en todo el país.

Los medios lo bautizaron como "el apagón del siglo" porque la falla, que comenzó a las siete de la mañana, atravesó fronteras y terminó afectando a Brasil y a Uruguay. En total, hubo más de 50 millones de personas perjudicadas por un corte que duró 13 horas. Un récord absoluto. 

Además ni siquiera era verano, no había alta demanda de energía. El Gobierno, encabezado en ese momento por Macri, concluyó que el siniestro se había debido a un cortocircuito en el sistema de  transporte.

Sin llegar a esa escala, los cortes intermitentes en verano se mantienen y tienen especial repercusión en la Ciudad de Buenos Aires y la zona metropolitana, en donde desde los años 90 existe un duopolio de distribución y comercialización de energía, conformado por las empresas privadas Edenor y Edesur, que cada tanto enfrentan multas millonarias impuestas por el Ente Nacional Regulador de Electricidad (Enre).

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De poco sirven las protestas de los usuarios que, cada vez que se quedan sin luz, salen a bloquear calles; que denuncian que, por culpa de  los cortes de energía, se les rompieron electrodomésticos o computadoras; que se desesperan porque corre peligro la vida de las personas electrodependientes; que reclaman sanciones mayores a las empresas y mayores inversiones por parte del Estado. Algunos, incluso, de plano promueven la reestatización del servicio. 

Pero las discusiones suelen paralizarse en cuanto vuelve el servicio.