La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se presentó por primera vez ante la Fiscalía para responder a las denuncias sobre su presunta responsabilidad en las represiones que han marcado sus tres meses de gestión, y que ya han dejado un saldo de decenas de muertes.
De manera paradójica, mientras la mandataria acudía a las instancias judiciales, en las calles las fuerzas de Seguridad cometían una nueva represión en contra de manifestantes que exigen elecciones anticipadas y la disolución del Congreso.
En el afán de dispersar la marcha, y como ya han hecho en otras ocasiones, los policías lanzaron gases lacrimógenos a pesar de que entre la multitud había mujeres, niños e incluso bebés.
Las imágenes de la violencia ejercida por los efectivos renovó las críticas en su contra, en este caso porque, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, las principales víctimas de la represión fueron mujeres aymaras que se estaban manifestando de manera pacífica.
"Democracia sí, dictadura no", fue uno de los principales lemas de la movilización que terminó envuelta en la nube de gases lacrimógenos y rodeada por un numeroso cordón policial.
Las críticas a la permanente represión de la protesta social que padece Perú se acrecentaron luego de que el ministro de Educación, Óscar Becerra, se refiriera de manera despectiva a las manifestantes indígenas.
"Ni los animales exponen a sus hijos así (…) dudo que sean las madres, yo creo que en la extrema necesidad que se encuentran algunas mujeres llegan a alquilar a sus hijos como para que sean llevados a esto", dijo en declaraciones que desataron un inmediato repudio, pero de las cuales el funcionario no se retractó.
Reclamos
Esta nueva represión se llevó a cabo justo el día que Boluarte cumplió tres meses en la presidencia, ya que asumió el pasado 7 de diciembre luego de la destitución de Pedro Castillo.
Desde el primer día, las represiones han sido un sello de su gestión y el número de víctimas se sigue acumulando a pesar de las denuncias y reclamos de organismos nacionales e internacionales.
Recién el pasado domingo, expertos de Naciones Unidas manifestaron su "profunda preocupación" por las continuas denuncias de represión, asesinatos arbitrarios, detenciones y desapariciones forzadas de manifestantes en Perú.
También alertaron sobre las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de Seguridad que se combinan con la incapacidad del Gobierno para crear un entorno propicio para el diálogo.
"En cualquier sociedad democrática, la gente tiene derecho a protestar y plantear sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan a sus vidas y medios de subsistencia. La democracia peruana se enfrenta a una crisis de credibilidad que solo puede resolverse mediante un diálogo genuino, en el que participe la población y se tengan en cuenta sus aspiraciones de reforma", explicaron los expertos en un comunicado.
Además, recordaron que, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, las protestas han dejado un saldo de un policía y 48 manifestantes muertos (aunque algunos medios elevan la cifra a 60); 1.301 heridos, cientos de detenidos, y por lo menos un caso de desaparición forzada.
"Es importante proporcionar información a las víctimas y a sus familiares sobre los avances en las investigaciones", convocaron al advertir su preocupación por los informes de violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que cubren las manifestaciones.
Por otra parte, exigieron diferenciar entre quienes ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica y quienes cometen actos de violencia en el contexto de las manifestaciones, ya que el Gobierno ha optado por criminalizar toda protesta social.