¿Por qué el plan republicano contra los cárteles en EE.UU. pone en riesgo la soberanía de México?

Desde que Donald Trump, en 2019, sugirió la intervención de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en México para ayudar al país a combatir a los cárteles de la droga, la iniciativa ha sumado adeptos dentro del partido republicano, a pesar del continúo rechazo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.  

La propuesta ha cobrado gran relevancia en los últimos días, luego del secuestro de cuatro estadounidenses en la ciudad de Matamoros, al norte de México, que resultó en la muerte de tres personas, dos de ellas de EE.UU.   

Pero mientras los republicanos siguen insistiendo en llevar a cabo la política, a la que defienden como un recurso para defender la seguridad nacional, López Obrador advierte que, de implementarse, violaría la soberanía de su país y los estatutos del derecho internacional.

"Esto no es de nosotros contra usted [López Obrador]. Esto es EE.UU. y México luchando juntos contra un enemigo común, los cárteles de la droga", refirió el miércoles el congresista por el segundo distrito de Texas, Dan Crenshaw, a través de un video compartido en las redes sociales.   

Violación a la soberanía

William Barr, titular de la Fiscalía durante la Administración de Donald Trump, recientemente consideró que México estaba cerca de convertirse en un "narcoestado fallido".

El abogado argumentó que el país ha sido tomado por grupos "terroristas", dedicados al tráfico de drogas, y que las autoridades mexicanas carecen de la capacidad y la voluntad para combatirlos e incluso "los protegen".

"Si un Gobierno no quiere o no puede hacerlo [combatir a los cárteles], entonces el país perjudicado tiene derecho a tomar medidas directas para eliminar la amenaza, con o sin la aprobación del país anfitrión", escribió Barr en un polémico artículo de opinión publicado la semana pasada en el Wall Street Journal.

Pese a esos argumentos, el artículo 2 Carta de Naciones Unidas reconoce la igualdad entre los Estados y prohíbe el uso de la fuerza de un país sobre otro. La normativa, además, aboga por el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de las naciones. 

En ese mismo sentido, la propia Constitución de México reconoce la soberanía del país e indica en su artículo 33 que los extranjeros no pueden inmiscuirse en los asuntos políticos del país. En tanto que la Ley de Seguridad Nacional subraya que cualquier interferencia extranjera será considerada como una amenaza al Estado y que, por ende, el Gobierno está capacitado para responder como mejor le parezca.  

Al respecto, López Obrador adelantó que, de avanzar la propuesta de intervención militar de los republicanos, México recurrirá a las Naciones Unidas y pedirá que se implementen sanciones contra EE.UU. 

El principio de no intervención

Otra voz a favor de la intervención militar estadounidense es la de Barry McCaffrey, el zar antidrogas del expresidente Bill Clinton, quien considera que la medida contra los cárteles mexicanos es necesaria por la incapacidad de su vecino para combatir el crimen organizado.

"México es un desastre masivo", declaró el general en retiro el pasado martes, durante una entrevista de televisión, tras informar que en el país operan más de 200 grupos delictivos.

Para defender su postura, el exmilitar recordó a las miles de personas desparecidas en la nación latinoamericana, así como las advertencias de viaje de Washington en contra de cinco entidades mexicanas, que están a la par de países como Afganistán, Irán y Siria, aseguró.  

No obstante, la intervención extranjera en cualquier territorio es violatoria del principio de no intervención establecido en la Carta de Naciones Unidas, que estipula que ningún país puede inmiscuirse "en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados". 

El artículo 51 de la organización también establece que una nación solo puede ejercer su derecho de legítima defensa en caso de un ataque armado, siempre que antes informe a Naciones Unidas del suceso y se determine que no existen otros mecanismos de solución pacífica. 

Pese a ello, en el marco del ataque a las torres gemelas en septiembre de 2001, EE.UU. introdujo una política interna conocida como la 'Doctrina Bush', que establece que el país puede utilizar su poder militar en otro Estado frente a meras sospechas de posibles ataques, es decir, iniciar lo que se conoce como una "guerra preventiva". 

"Hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo. México es un país independiente", declaró López Obrador la semana pasada para rechazar abiertamente esa doctrina y poner el ojo en el asunto de fondo: ¿quién le da a EE.UU. la autoridad de declarar este tipo de medidas?

"No se puede enfrentar la violencia con la violencia", agregó el mandatario, al insistir en su política en contra del uso de la fuerza armada para frenar al narcotráfico y a favor de atender las causas estructurales que lo provocan. 

En cuanto a las alertas de viaje, este lunes el presidente aseveró que México es más seguro que EE.UU. y que "no hay ningún problema" para viajar por el país. Asimismo, destacó que el flujo de turistas hacia la nación no se ha detenido, al tiempo de que recordó el aumento de nómadas digitales estadounidenses registrados en la Ciudad de México en los últimos meses.

Doble rasero

De acuerdo con el congresista Dan Crenshaw, los cárteles mexicanos son los responsables directos de "envenenar" a más de 70.000 estadounidenses al año con el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que es hasta cincuenta veces más fuerte que la heroína.

Las cifras más actualizadas del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de EE.UU. (NIDA, por sus siglas en inglés) revelan que en 2021 murieron por sobredosis 106.699 personas de aquella nación y de ellas 80.411 fallecieron tras consumir opioides sintéticos, principalmente fentanilo. 

Sin embargo, para el exfiscal William Barr, el abuso de drogas también se mide por el costo de la "epidemia" para el Estado, el cual estima en 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, fruto del gasto que generan la atención médica, la justicia penal, la pérdida de productividad y los servicios sociales y familiares. 

"El fentanilo es un arma de destrucción masiva que está siendo disparada a EE.UU. desde su país", recriminó a López Obrador el senador republicano, Lindsey Graham, representante de Carolina del Sur, entidad de donde provenían los cuatros estadounidenses secuestrados. 

En respuesta, López Obrador aseveró que su Administración ha logrado el mayor decomiso de fentanilo en la historia, al confiscar más de seis toneladas del opioide. "Hagan la cuenta [...] por cada kilo de fentanilo es un millón de dosis", explicó el mandatario, tras cuestionar que EE.UU. intente deslindarse de su responsabilidad en ese fenómeno.

"¿Por qué ellos [EE.UU.] no combaten la distribución de fentanilo?", cuestionó el presidente durante su acostumbrada reunión con medios. A propósito, López Obrador recordó que hace unos meses fue destituido de su cargo el jefe de la delegación en México de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

"No se sabe nada, la DEA no informó, pero tampoco lo hicieron allá", arremetió el mandatario durante su conferencia de este lunes, en la que criticó a los medios de comunicación por propagar el discurso republicano y de los conservadores que buscan atacar su Gobierno. 

El jueves pasado, una comitiva estadounidense, encabezada por Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, sostuvo un encuentro con López Obrador y parte de su gabinete para abordar la crisis del fentanilo.

Las partes acordaron iniciar la primera campaña binacional en la historia para informar a los jóvenes de lo que representa el opioide sintético y por qué es una amenaza, al tiempo que pactaron reunirse en Washington el próximo abril. 

Una propuesta "propagandística" 

A consideración de López Obrador, la narrativa republicana es una estrategia electoral de cara a los comicios presidenciales en EE.UU. el próximo año. 

"Lo que quieren es sacar raja política electoral, por eso, la prepotencia, la arrogancia", criticó. Frente a ese escenario, la estrategia que adoptará México será reunirse con los cónsules mexicanos en EE.UU. para informarles de las medidas que ha implementado el Gobierno para el combate al fentanilo.

Por esa razón, el canciller mexicano Marcelo Ebrard viajó este mismo lunes a territorio estadounidense. "México será defendido", instó el secretario. El deber de los diplomáticos será convertirse en difusores de esa información entre los connacionales que viven en EE.UU.

"Si siguen ofendiendo a México, nosotros vamos a seguir denunciándolos y les vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos", sostuvo el mandatario. 

Una "intervención" inconsulta

El congresista de Texas, Dan Crenshaw, y el representante por el sexto distrito de Florida, Michael Waltz, presentaron en enero pasado una proyecto al Congreso para que se autorice el uso de las fuerzas armadas de EE.UU. contra "los responsables" en México del tráfico de drogas, sin la autorización del país invadido.

En la moción, los legisladores defendieron la necesidad de intervención debido a la "desestabilización" que provocan los cárteles en Norteamérica, así como a los ataques perpetrados en contra de las Fuerzas Armadas estadounidenses. 

López Obrador fustiga a republicanos por pedir intervención armada de EE.UU. en México

El miércoles pasado, los senadores Lindsey Graham, representante de Carolina del Sur, y John Kennedy, de Luisiana, enviaron otra iniciativa al Congreso para solicitar a Washington que declare a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que permitiría a la Casa Blanca activar los mecanismos para que el Ejército pueda combatirlos, pasando por encima de la soberanía de México.

Sin presentar pruebas concretas, los legisladores aseguraron que la crisis de seguridad en México ha permitido que operen en el país grupos terroristas como ISIS o Al Qaeda, lo que a su juicio representa una amenaza para EE.UU. En tanto que subrayaron la imperiosa necesidad de "intervenir" en la nación latinoamericana para erradicar los laboratorios que producen fentanilo y a las organizaciones delictivas que lo trafican. 

Las propuestas de los legisladores aún deben ser debatidas en el Congreso, pero para poder ser implementadas requieren de la aprobación de ambas Cámaras. La de Senadores, dominada por demócratas, y la de Representantes, en donde se requiere el favor de dos terceras partes de los parlamentarios, una mayoría que no alcanza la facción republicana. 

Ante ese escenario, López Obrador ha mostrado su confianza en que las iniciativas intervencionistas no recibirán el respaldo de La Casa Blanca. "El presidente Biden no tiene esa postura, son estos legisladores republicanos", dijo la semana pasada.

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