El Gobierno de Dina Boluarte negó el jueves que en Perú se hayan registrado actos represivos en contra de la población en el marco de las masivas protestas desatadas en la nación andina, a pesar de la constatación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
El ministro del Interior, Vicente Romero, acudió al Congreso para ser interpelado por las bancadas ante los hechos registrados en el país desde diciembre pasado y, especialmente, para responder por la incursión policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
"No hubo represión policial hacia los manifestantes, lo que se ha dado es resguardar a la población, a los activos críticos nacionales y la propiedad pública frente a los ataques", afirmó Romero, quien sostuvo que han encaminado los recursos humanos, logísticos y técnicos para "fortalecer el Estado de derecho y el principio de autoridad".
No obstante, el lunes 6 de marzo, expertos de la ONU manifestaron que la represión contra los manifestantes en Perú ha afectado "desproporcionadamente" a los defensores de los derechos humanos, a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas.
El grupo de especialistas, liderado por Clément N. Voule, relator especial de la ONU sobre el derecho de reunión pacífica y de asociación, solicitó una solución política veloz, que incluya la necesidad de rendir cuentas, y el fin de la violencia y la represión.
En su declaración ante el Congreso, el ministro del Interior aseveró que "la Policía Nacional no ha reportado el uso de arma letal, como tampoco ha hecho referencia que los medios utilizados hayan sido insuficientes para enfrentar las movilizaciones a nivel nacional".
Y sobre esto los expertos de la ONU pidieron al Estado que recordara que el uso de la fuerza, especialmente de la fuerza armada letal, debe responder a los principios fundamentales de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Ingreso a la San Marcos
Sobre los hechos del 21 de enero, cuando se registró la incursión policial en el campus de la Universidad Nacional de San Marcos, el funcionario señaló que "la intervención a la residencia se ha regido por normas legales y, en particular, por el manual de derechos humanos aplicados a la función policial".
"Hasta el momento no se tiene conocimiento de denuncia alguna sobre hechos de esta naturaleza", añadió Romero, pese a que quedó consignado en videos la detención de mujeres, e incluso de una niña, como alertó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Al ser cuestionado sobre si hallaron armamento en el lugar, el ministro indicó que los efectivos "encontraron armas arrojadizas como guaracas, pirotécnicos, avellanas e iluminarias, así como recipientes con gasolina".
San Marcos, la universidad pública más emblemática de Perú, acogió a múltiples personas que arribaron a principios de año a Lima, provenientes de varias provincias, en su afán por exigir la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, de manera que hayan elecciones anticipadas.
Crisis en Perú
Desde el 7 de diciembre pasado, cuando Pedro Castillo fue destituido de la presidencia tras su intento de disolver el Parlamento, se han registrado un sinfín de protestas, primero en las provincias y, luego, en la ciudad capital, Lima.
Según la Defensoría del Pueblo, han fallecido más de 60 personas y más de 1.300 han resultado heridas, de las cuales, la mayoría recibió proyectiles de armas de fuego y algunos, inclusive, disparos en la cabeza.