Tres víctimas surcoreanas de trabajos forzados para compañías japonesas en tiempos de la Segunda Guerra Mundial han rechazado oficialmente el plan de Seúl de compensarlas económicamente a través de una fundación afiliada al Ministerio del Interior surcoreano en lugar de a través de las empresas niponas responsables, informa este lunes la agencia Yonhap con referencia a los representantes legales de las partes afectadas.
Dos mujeres, Yang Geum-deok y Kim Seong-joo, entregaron un documento oficial que refleja su postura ante la Fundación para las Víctimas de la Movilización Forzada. En 2018, estas víctimas sobrevivientes ganaron en la Corte Suprema de Corea del Sur demandas de compensación contra la empresa japonesa Mitsubishi Heavy Industries, que les explotó durante la Segunda Guerra Mundial, momento en que Corea ya llevaba más de tres décadas había bajo la ocupación de Japón.
Ambas mujeres rechazaron el plan, anunciado la semana pasado por el ministro de Relaciones Exteriores surcoreano, Park Jin, que prevé que las indemnizaciones sean entregadas a través de una fundación afiliada al Ministerio del Interior surcoreano, que recibirá los fondos de empresas nacionales que se beneficiaron de un acuerdo de reparaciones firmado con Tokio en 1965. También se espera recaudar dinero mediante donaciones voluntarias del sector privado.
Por separado, el representante legal de otra víctima, Lee Chun-sik —un hombre que se vio obligado a trabajar en tiempos de guerra para la empresa japonesa Nippon Steel—, también ha presentado a la Fundación para las Víctimas de la Movilización Forzada un documento para sirva como "prueba" de su objeción al plan de compensación del Gobierno con la participación de terceros.
- Pese a que Tokio asegura haber resuelto todos los problemas con Seúl derivados de la colonización de la península entre 1910 y 1945 —en la que se calcula fueron reclutados unos 780.000 coreanos—, el acuerdo firmado en 1965 no contemplaba el derecho de reparación a los individuos afectados.
- En 2015, se llegó a una resolución que incluía una disculpa por parte de Japón y la creación de un fondo de más de 7 millones de dólares para los sobrevivientes. Sin embargo, Seúl la anuló, alegando la falta de consentimiento de las víctimas, lo que condujo a una disputa diplomática que afectó a los lazos comerciales y de seguridad entre ambos países.
- En 2018, un fallo histórico ordenó a las compañías Nippon Steel y Mitsubishi Heavy Industries pagar a víctimas y familiares, pero eso nunca sucedió. La medida no fue bien vista por Tokio, que se negó a aceptar el fallo, lo que generó enérgicas protestas por parte de los demandantes, quienes exigían además una disculpa sincera del Gobierno japonés y de las empresas acusadas.