Hoy se cumplen 12 días de un paro de mineros informales que se desarrolla en el Bajo Cauca, una subregión del departamento colombiano de Antioquia, al noroccidente del país suramericano.
Sin embargo, este fin de semana la situación se tornó violenta, concretamente en el municipio de Tarazá, uno de los seis que conforman la subregión de Bajo Cauca, junto a Caucasia, El Bagre, Nechí, Cáceres y Zaragoza, cuando encapuchados atentaron contra el peaje de esta jurisdicción, al que le prendieron fuego.
Según denunció la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, esas personas encapuchadas amenazaron con incendiar también la alcaldía del municipio Cáceres y la Casa de Justicia.
Asimismo, rompieron tubos de agua potable en Tarazá, según informó el propio presidente del país, Gustavo Petro, para afectar el suministro de la población. "Es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano", condenó el mandatario.
A esos hechos en Tarazá, se le suma la quema de dos ambulancias en el municipio de Caucasia. En los videos que circulan en las redes sociales se ve a algunas personas que, tras incendiar esos vehículos sanitarios, juegan con la camilla.
Además de todo ello, durante las violentas acciones encapuchados han vandalizado negocios e hicieron una fallida toma de una estación de la Policía.
La crítica situación ha generado desabastecimiento de alimentos y medicinas en algunas de las localidades afectadas.
Por tanto, desde la Presidencia de Colombia señalaron en un comunicado que las acciones de quienes llevan adelante la protesta "han vulnerado los derechos de la población civil y han puesto en grave riesgo la integridad de miembros de la Fuerza Pública".
"Ha roto el cese al fuego"
Frente a los desmanes, Petro responsabilizó al Clan del Golfo de estar detrás de la violencia en el paro minero. Para el mandatario, con esas acciones, la agrupación delictiva demuestra que "no tiene voluntad de paz".
"Si el Clan del Golfo está detrás del paro, como muchos de los indicios así lo demuestran, hay que decirlo: no tiene voluntad de paz", dijo el jefe de Estado luego de un Consejo de Seguridad realizado en la localidad de Montelíbano, en el sur del departamento de Córdoba, vecino de Antioquia, territorio también afectado por la situación.
En un mensaje publicado en Twitter, el mandatario reiteró el señalamiento contra el Clan del Golfo, insistiendo en que "con su hostilidad contra la población", esa agrupación "ha roto el cese al fuego".
Previamente, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, comentó, en declaraciones a Caracol Radio, que el Clan del Golfo estaría reclutando personas para que participen en las protestas.
"Se tienen pruebas de que este grupo ha ido a varios municipios a sacar de la casas a hombres y a jóvenes para montarlos en volquetas para que vayan a las manifestaciones, esa es la situación, muy compleja. En esto se mezcla una cantidad de actores armados que están en el trasfondo que están infiltrados en las manifestaciones", señaló el funcionario.
Esa idea fue reforzada por Petro, quien señaló que esos jóvenes "no han recibido estudio y por ello ni saben que se convirtieron en violadores de derechos humanos". En esa línea, lamentó la actitud de las personas que se han involucrado en la paralización de la región: "No les importa. Recibieron dineros del Clan del Golfo para hacer daño y hacer pasar esa violencia como un paro social. Dañan a su propio pueblo y a su familia", sostuvo.
Petro recordó que el llamado Clan del Golfo "es heredero de las estructuras paramilitares del Urabá", creado por el mismo Estado pero que, gracias "al narcotráfico y la minería ilegal", logró autonomía. "Actúa sobornando funcionarios y con el terror sobre la población", acusó.
Asimismo, comentó que estas estructuras son también hijas de un fracaso: "el del proceso de paz con los paramilitares [iniciado por el expresidente conservador Álvaro Uribe]".
¿A qué se debe el paro?
El paro indefinido se lleva a cabo en rechazo a las operaciones de las fuerzas públicas contra la minería ilegal.
"La orden es perentoria: guerra total contra las finanzas criminales. Hoy, en el Bajo Cauca antioqueño, fueron destruidas cinco grandes dragas que generaban riqueza a las organizaciones armadas ilegales", informó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el pasado 1 de marzo, un día antes de que iniciara el paro.
Antes, ya la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, había advirtido que se reactivarían los operativos contra la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño.
Soluciones
En el comunicado de la Presidencia de Colombia, el Gobierno llama al diálogo a quienes mantienen las medidas de fuerza en el Bajo Cauca y reitera que es el único camino para superar cualquier diferencia. "Solo se reabrirá [la negociación] una vez cesen los hechos de violencia, tengamos normalización en el territorio; se supere el desabastecimiento y la población pueda contar con alimentos, medicinas y el pleno funcionamiento de hospitales, colegios y centros de atención de la niñez".
Pero ya el Gobierno adelantó una propuesta: la creación de un distrito minero en el Bajo Cauca. Muhamad explicó que se trata de una ruta de formalización que contribuya a que con los pequeños y medianos mineros del territorio y que, además, atenúe los impactos ambientales.
"El Gobierno Nacional y departamental tienen toda la disposición para trabajar intensamente y mancomunadamente para trascender esta situación de minería en el Bajo Cauca por el bienestar social y ambientales de las comunidades", dijo la ministra.
La propuesta es vista de buena manera por los mineros, quienes además proponen un plan para eliminar la burocracia que impide la formalización de sus labores y promover respeto por el uso de la maquinaria, para que no sea destruida por la Fuerza Pública.
En las declaraciones que brindó luego del Consejo de Seguridad en Montelíbano, Petro enfatizó que el Gobierno "no está atacando a la pequeña minería", a la que le brindó su apoyo.
Al respecto, invitó a "la real dirigencia minera" al Palacio de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano, para dialogar sobre cómo se va construir el Distrito Agrominero en el nordeste y en el norte de Antioquia: "qué condiciones va a tener, qué derechos tendrán los pequeños mineros, qué inversiones hará el Gobierno nacional para que podamos tener una minería sostenible que no destruya el río Cauca".
"Espero en el Palacio de Nariño a los dirigentes mineros para que estudiemos conjuntamente la revitalización del territorio en su recuperación democrática", manifestó.
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