La ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley Mordaza', aprobada por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy en 2015, seguirá en vigor en España tal y como hasta ahora después de que las desavenencias entre el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios hayan tumbado la propuesta de reforma.
Así, la propuesta legislativa que presentó en primer lugar el Partido Nacionalista Vasco (PNV) hace ya tres años no verá la luz al menos en esta legislatura. La iniciativa actual había sido fruto del acuerdo entre la formación vasca, el Partido Socialista y Unidas Podemos (UP), estos dos últimos socios de Gobierno, pero ha decaído después de que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu rechazaran el texto.
El rechazo se ha producido este martes en la Comisión de Interior, donde necesitaba necesariamente de los votos de ERC y EH Bildu para superar el trámite y llegar al Pleno del Congreso. Las dos formaciones independentistas sostienen que los cambios no acaban con el núcleo de la norma de Rajoy.
Asimismo, sostienen que no se han incluido cuatro de sus reclamaciones que consideran fundamentales: la eliminación del uso de pelotas de goma como material antidisturbios, acabar por ley con las devoluciones en caliente; eliminar el artículo que sanciona las faltas de respeto a los agentes de Policía; y eliminar también el artículo que establece las sanciones por desobediencia a los agentes de la autoridad.
Unidas Podemos señala al Partido Socialista
Desde Unidas Podemos se culpa del fracaso de la reforma al Partido Socialista. El portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique, ha dicho que "lamentablemente el Partido Socialista no ha querido hacer un último esfuerzo".
Echenique ha dicho que se han realizado muchos avances pero que "faltaban algunos elementos para que la ley pudiera tener mayoría parlamentaria y el Partido Socialista no ha querido andar ese último tramo del camino". "Es una noticia muy mala para los derechos civiles de la ciudadanía", ha zanjado.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha sido mucho más duro: "La maravillosa propuesta que supuestamente deroga la 'Ley Mordaza' y que supuestamente por culpa nuestra no se va a hacer, sigue permitiendo devoluciones en caliente, que es apalear a la gente en la frontera, y decenas de muertes, como se vio este verano. Pero también sigue permitiendo sacar un ojo a la gente con una pelota de goma", ha dicho en declaraciones a los medios.
La controvertida ley fue aprobada en 2015 por el Gobierno de Rajoy al calor de las numerosas movilizaciones y protestas que se produjeron tras el estallido del 15M. Su impulsor fue el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ahora imputado por utilizar el aparato del Estado para perseguir a sus adversarios políticos y para tapar la corrupción de su partido.
Su derogación, a menos la de sus aspectos más lesivos, además de una exigencia de grupos minoritarios, fue una promesa electoral del Partido Socialista antes de ganar las elecciones en 2019.
Las principales críticas a la norma es que propicia la coacción policial y que se trata de un arma para reprimir protestas pacíficas y desincentivar el activismo. Tan solo entre 2015 y 2020 se interpusieron más de 1.155.000 multas en base a esta ley, de las que casi 400.000 fueron por desobediencia y falta de respeto a agentes de Policía.