El Congreso de Perú rechazó este martes una nueva iniciativa de adelanto de elecciones generales para finales de este año, una de las principales demandas de las protestas antigubernamentales que se registran desde diciembre pasado.
Con 12 votos en contra, nueve a favor y ninguna abstención, la Comisión de Constitución desestimó el predictamen y optó por archivarlo, luego de que las fuerzas parlamentarias no pudieran alcanzar un consenso sobre algunos asuntos del proyecto de ley.
Según medios locales, los partidos no se ponen de acuerdo sobre la fecha en que se deberían realizar los comicios. Mientras que unos abogan porque se efectúen en 2024, para que haya tiempo de aplicar una serie de reformas, otros abogan por ejecutarlas este mismo año.
Además, fuerzas de izquierda han manifestado que votarán en contra hasta que no se incluya un referendo para consultar a la población si quiere una asamblea constituyente.
El texto proponía que la presidenta Dina Boluarte convocara los sufragios el segundo domingo de diciembre y terminara su mandato el 30 de abril de 2024, un día después que los legisladores.
De esa forma, la persona que fuese elegida para gobernar Perú lo haría desde el 1 de mayo de 2024 hasta el 28 de julio de 2028, mientras que los congresistas asumirían sus curules el 30 de abril de 2024 y lo dejarían también a finales de julio de 2028.
Crisis en Perú
Aunque los sondeos de opinión pública ratifican que la población anhela un adelanto de elecciones generales, así como la renuncia de Boluarte —que forzaría el anticipo de comicios— y el cierre del Parlamento unicameral, el panorama es totalmente diferente.
Boluarte se ha negado en repetidas ocasiones a dimitir e insiste en que debe ser el Congreso que apruebe esta medida. Por su parte, el órgano legislativo se mueve entre varias fuerzas políticas con diversos intereses y no alcanzan los votos para avalar esta acción.
Desde el 7 de diciembre de 2022, cuando Boluarte asumió el poder, hay más de 60 personas fallecidas a causa de las manifestaciones tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, de las cuales al menos 48 eran civiles que perdieron la vida durante enfrentamientos con las fuerzas del orden, según la Defensoría del Pueblo.