El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles el traslado de otros 2.000 presuntos pandilleros a la megacárcel que mandó a construir el Gobierno en el marco de su combate a las pandillas del país centroamericano.
Los supuestos delincuentes fueron alojados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el polémico presidio que recibió la misma cantidad de reos el pasado 24 de febrero.
"Con esto, ya son 4.000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo", dijo Bukele desde su cuenta de Twitter.
El mandatario acompañó el anuncio en sus redes sociales con un video que muestra, con detallados tintes cinematográficos, el momento en que los detenidos son custodiados en su ingreso al presidio.
Las imágenes muestran cómo los presos, todos descalzos, rapados, con el torso desnudo y en su mayoría con tatuajes que hacen referencia a la temible Mara Salvatrucha 13 (M-13), corren con las manos esposadas por medio de pasillos humanos formados por guardias policiales.
El traslado se realizó desde el penal de Izalco hasta el nuevo CECOT, ubicado en un área rural de Tecoluca, unos 74 km al sureste de San Salvador. Según informó el ministro de Defensa, René Francis Merino, unos 1.200 militares participaron del operativo, que fue seguido desde el aire por tres helicópteros de la Fuerza Aérea.
El CECOT fue inaugurado por Bukele a finales de enero, y cuenta con una capacidad para albergar a 40.000 presos. El centro penitenciario tiene un severo régimen de reclusión que ha sido cuestionado por organismos de derechos humanos, que denuncian además detenciones arbitrarias y otras ilegalidades.
En marzo de 2022, Bukele declaró un régimen de excepción como parte de su política de "combate a las pandillas", a las que responsabilizó de la oleada de violencia luego de la escandalosa cifra de 87 homicidios en un fin de semana.
Ahora, amparado en los "resultados", el Gobierno busca que la Asamblea Nacional apruebe la ampliación de la controvertida medida que está a punto de cumplir el plazo de un año. El ministro Merino precisó este miércoles que durante los 354 días de implementación del régimen de excepción, se han registrado 215 días con cero homicidios.
Violaciones a los derechos humanos
No obstante, organizaciones de derechos humanos cuestionaron que durante los primeros 10 meses del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad cometieron más de 4.564 abusos contra la población.
La mayoría de los abusos de las autoridades son detenciones arbitrarias, acoso, amenaza, violencia sexual y lesiones personales.