Ni siquiera el envío de 100 policías militares ha frenado la violencia en el estado brasileño de Rio Grande do Norte, donde durante esta madrugada en Natal, la turística capital, y en otras ocho ciudades, grupos criminales volvieron a atacar por tercer día edificios públicos, comercios y vehículos.
Las autoridades atribuyen los actos a un grupo de criminales disconformes con los cambios implementados en el sistema penitenciario. El secretario de Seguridad Pública de Rio Grande do Norte, Francisco Araújo, confirmó que la ola de ataques tiene como propósito exigir "una serie de privilegios" a los presos que no han sido concedidos.
"Según los reclamos, quieren televisión, sistema de iluminación, visita íntima, cosas que el sistema penitenciario no está atendiendo porque está cumpliendo con la ley de ejecución penal", explicó.
En el punto de mira se encuentra la facción Sindicato do Crime (SDC), que dirige las cárceles del estado y que nació en 2013 para hacer frente al Primeiro Comando da Capital (PCC), la organización criminal más poderosa de Brasil.
Que las facciones utilicen a su gente fuera de las prisiones para presionar al poder público por medio de la violencia urbana es algo habitual en Brasil.
Medidas endurecidas
La orden de estos ataques habría salido desde de la cárcel de Alcaçuz, el mayor centro penitenciario de Rio Grande do Norte, uno de los estados más violentos del país, y donde un enfrentamiento entre bandas rivales dejó 27 muertos en enero de 2017. Desde aquella batalla campal, se endurecieron las medidas carcelarias y las visitas íntimas quedaron suspendidas.
"Dentro del sistema penitenciario, la situación solo ha empeorado desde la masacre. Las visitas íntimas siguen prohibidas, los presos reciben comida podrida y ni siquiera pueden tener acceso a lejía para limpiar las celdas, que están superpobladas. Se ha convertido en un polvorín", comentó a O Globo Juliana Melo, profesora de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte (UFRN).
Los ataques, que comenzaron la madrugada del martes, se han registrado en al menos 31 ciudades del estado. Dos personas han fallecido en enfrentamientos con la Policía, entre ellos, un hombre que se encontraba prófugo de la justicia. El sospechoso era responsable, según la Policía Civil, de financiar y distribuir armas para el grupo que realiza los ataques.
Al menos otras dos personas resultaron heridas y están hospitalizadas, hay 42 detenidos y se han incautados 12 armas, 39 artefactos explosivos, nueve galones de gasolina, droga y municiones.
La ola de violencia impactó en los servicios públicos, muchas líneas urbanas han sido suspendidas, así como las clases en escuelas y universidades en varios municipios.
El Ministerio de Justicia autorizó el despliegue de una Unidad Especial de Intervención Penitenciaria por un periodo de 30 días, que ejercerá "la coordinación de acciones de las actividades de los servicios de guardia, vigilancia y custodia de presos".
La cartera quiso dejar claro que esto no supone una intervención federal -cuando desde el gobierno se decide actuar en un estado desde Brasilia-, sino el envío de un grupo multidisciplinar que solo apoyará "técnica y legalmente las actividades de cooperación integrada" en los presidios.
"Tortura física y psicológica"
El portal G1 informó que el Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura (MNPCT) inspeccionó cinco cárceles, incluida Alcaçus, en noviembre de 2022, y comprobó casos de tortura física y psicológica a los presos.
El organismo, cuyo informe está en proceso de publicación- detalló que había encontrado comida en mal estado "hasta el punto de que el olor provocaba náuseas" y reclusos en tratamiento inicial de tuberculosis, utilizados como vector de contaminación para castigar a otros presos que estaban sanos.
"En Rio Grande do Norte, el sistema penitenciario opera a partir de la práctica sistemática de la tortura física y psicológica", comentó Bárbara Coloniese, que integró el equipo.
La experta dijo que "nunca había entrado en una cárcel con tantas personas heridas". "En una celda para una persona, había 60. Cuando fui a inspeccionar unas de las comidas que se ofrecen a los presos, no conseguí acercarme, me entraron ganas de vomitar. No hay distribución de 'kits' de higiene, algunas celdas no se limpian desde hace años. El olor es horroroso", explicó.
La gobernadora de Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, afirmó que llevará a cabo una "investigación profunda" sobre estas denuncias.
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