El canciller de Venezuela, Yván Gil, calificó este jueves como "risible" e "infantil" el encuentro que sostuvo el Gobierno de EE.UU. con Dinorah Figuera, una exdiputada de la oposición que actualmente se encuentra prófuga de la justicia venezolana.
"Deseamos el mayor éxito al Departamento de Estado de los EE.UU. en la edificación de las relaciones con Narnia. Encuentro risible que confirma el infantil empeño de EE.UU. de promover una fantasía política y diplomática fracasada", escribió el ministro de Exteriores de Venezuela.
La reacción de Gil se produjo luego de que el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., Brian Nichols, publicara una fotografía dentro de la sede de esa institución en Washington, donde aparece Figuera junto al subsecretario adjunto, Mark Wells.
A pesar del estatus judicial de Figuera, quien tiene una orden de captura por intentar usurpar funciones del parlamento venezolano, Nichols la reconoció como supuesta "presidente de la última institución democráticamente electa en Venezuela", un argumento que dista de la realidad porque la exdiputada –que relevó a Juan Guaidó en estas falsas funciones– no tiene ninguna facultad legal para ejercerlas.
"Seguimos apoyándola a ella y a los esfuerzos de la Asamblea Nacional para devolver a Venezuela la democracia que su pueblo merece", dijo Nichols, quien de esa manera reitera la postura de Washington con respecto al reconocimiento de políticos opositores que, de facto, aseguran ejercer cargos públicos en instituciones que ya han sido renovadas a través de elecciones, como es el caso del Poder Legislativo venezolano.
"Megabanda de delincuencia organizada"
A inicios de enero pasado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que su despacho pidió la emisión de una alerta roja de Interpol contra Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, exdiputadas opositoras que concluyeron funciones en el parlamento en el año 2020, pero que en una supuesta "sesión" sin validez jurídica, se autoproclamaron como administradoras de una junta 'ad hoc' que pretende controlar los bienes y fondos de Venezuela retenidos en el extranjero por EE.UU. y la Unión Europea.
"Vamos a ver qué hacen los gobiernos de esos países con nuestras solicitudes", dijo en su momento el fiscal Saab, tras detallar que las prófugas forman parte de una "megabanda de delincuencia organizada" que se ha apropiado de los recursos del país en el exterior, bajo el llamado "gobierno interino".
La conformación de la autodenominada junta 'ad hoc' fue concretada por la facción radical de la oposición, tras declarar el "fin" del supuesto interinato de Guaidó. Los delitos que se les imputan a las tres exdiputadas son usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
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