El Gobierno colombiano entregó ante el Senado el proyecto de Ley que establece los fundamentos para el sometimiento a la Justicia de los grupos criminales organizados que operan en el país suramericano, en medio de férrea oposición del fiscal general y la procuradora.
El instrumento legal propuesto es la 'Ley por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones'.
El documento fue introducido al Parlamento por los ministros de Justicia, Néstor Osuna, y del Interior, Alfonso Prada. También estuvieron presentes la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; los presidentes de Senado, Roy Barreras, y de Cámara, David Racero; de la Comisión de Paz del Senado, Iván Cepeda, y los congresistas Ariel Ávila y Alirio Uribe.
"Un tratamiento penal benigno"
El titular de Justicia afirmó que la propuesta contiene "una oferta generosa por parte del Estado" para que las "estructuras criminales de alto impacto" tengan un trato distinto si cumplen un acuerdo previo con las autoridades, según el portal web de ese ministerio.
Osuna explicó que los miembros de esas organizaciones tendrán un tratamiento penal más "benigno", si se entregan, confiesan sus delitos, facilitan sus bienes, dan información sobre sus patrones criminales y reparan a las víctimas.
"Todo con la finalidad de que podamos vivir en una paz completa", dijo.
Esta iniciativa apunta a la desarticulación de las estructuras criminales, a través de mecanismos de sujeción a la Justicia que contribuyan a la reparación de las víctimas y la garantía de no repetición.
No hay negociación
Por su parte, el ministro del Interior recordó que se trata de una "sujeción" a la Justicia, "no de una negociación de paz". Esta afirmación la hizo a propósito de las críticas en contra del proyecto por quienes consideran que el Gobierno colombiano hará un pacto para favorecer a los grupos criminales.
"Estamos frente a organizaciones que se mueven en la economía ilegal, por eso no hay diálogo ni negociación", agregó. Prada dijo que se espera que el instrumento legal se ponga a consideración del Congreso para que se definan las condiciones de esa sujeción.
En el texto, que consta de 54 artículos, se proponen penas sustitutivas para quienes se acojan a la Ley dentro de la Justicia ordinaria.
Las condenas serán de entre diez y doce años en total. De este lapso, de seis a ocho años no tendrán beneficios, mientras que los cuatro siguientes serán cumplidos a través de penas restaurativas.
Posiciones encontradas
El presidente colombiano, Gustavo Petro, comentó en su cuenta de Twitter una publicación de El Tiempo que se refiere a las "advertencias" de la Fiscalía y la Procuraduría sobre la ley de sometimiento.
"La pregunta es si queremos desmantelar pacíficamente las bandas ilegales o cerramos esa puerta", escribió.
El mandatario también consideró que "la sociedad colombiana se merece la construcción de un camino pacífico" y que "en el mundo de la guerra solo se ha empoderado el narcotráfico".
"Desmantelar el Estado de derecho"
En medio de la polémica, el fiscal general, Francisco Barbosa, cargó duramente contra el proyecto de ley y aseguró que, con esa norma, el Gobierno pretende sacar a todos los criminales de las cárceles. Además, dijo a Blu Radio que ese instrumento interfiere con la separación de poderes, con la administración de Justicia y con la Constitución.
"Lo que está ocurriendo es que, si esto llega a pasar en el Congreso, estaríamos ad portas del Estado de derecho. No me voy a quedar quieto y dejar que el país se desmorone", expresó.
Barbosa adelantó que de ser aprobado el instrumento legal, lo demandará ante la Corte Constitucional.
"Me parece muy peligroso"
Por su parte, la procuradora colombiana, Margarita Cabello, aseveró que el texto no tiene una exposición adecuada de motivos, que no hay "mecanismos claros sobre los derechos de las víctimas" y que podría ser una especie de 'mico' –textos que se introducen de en una ley para favorecer a alguien– porque le da "apertura" a las partes, "cuando realmente las condiciones están establecidas por la ley", recoge el diario colombiano El País.
"Me parece muy peligroso que dejen esa amplitud de poder hacer conversaciones con integrantes de esas organizaciones para hacer esas fórmulas y lograr la sujeción, ahí podía entrar por esa línea cualquier cosa".
La procuradora también opina que en una eventual negociación con los grupos criminales, que ha sido negada por el Ejecutivo desde que presentó el proyecto, habría el riesgo de acordar que se les elimine la extradición.
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