En México la erradicación de agrotóxicos altamente peligrosos como el glifosato y semillas de maíz genéticamente modificado se ha convertido en una batalla cuesta arriba para el Gobierno.
Luego del primer decreto del presidente López Obrador para lograr este objetivo, emitido a finales de 2020, legisladores del oficialismo presentaron varias reformas que buscaban fortalecer la medida. Hasta el momento, no obstante, todas permanecen en la 'congeladora'.
Las propuestas de la senadora Ana Lilia Rivera, a la vez que pretendían dejar establecido en normas secundarias la necesidad de eliminar de forma gradual y progresiva el uso de agrotóxicos altamente peligrosos y el maíz transgénico, buscaban dotar a los productos agroecológicos alternativos de un marco legal.
Resultó imposible, sin embargo, no solamente llegar a un arreglo con los legisladores de la oposición, sino incluso construir un consenso dentro del propio partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Varios legisladores de esta organización política llamaron a sus compañeros de bancada a trabajar en una reforma con "mayor responsabilidad".
De acuerdo con esta perspectiva, era necesario impulsar cambios a leyes secundarias que no "generaran distorsiones en el mercado", esto es, había resistencia para acompañar la estrategia del presidente desde el Congreso.
En cuanto al sector privado, las presiones sobre el Gobierno mexicano han venido tanto del Consejo Nacional Agropecuario, como de las corporaciones agroindustriales con sede en la Unión Americana.
En cuanto al sector privado, las presiones sobre el Gobierno mexicano han venido tanto del Consejo Nacional Agropecuario, como de las corporaciones agroindustriales con sede en la Unión Americana.
Desde un principio, la representación comercial de EE.UU. ha insistido en que cualquier acción orientada a disminuir el uso de glifosato, así como las semillas de maíz genéticamente modificado, atenta contra los principios que rigen el T-MEC. Y las presiones no cesan, sino que van en aumento.
Si bien la agroindustria ha conseguido detener la aprobación de reformas a leyes secundarias, todo parece indicar que su principal objetivo es echar abajo el decreto de López Obrador de finales de 2020, para que no haya una sola restricción sobre el glifosato y el maíz transgénico.
De ahí que, hace unas semanas, el jefe de comercio agrícola de la Administración norteamericana, Doug McKalip, solicitara al Gobierno mexicano explicar a detalle cuáles eran los argumentos científicos detrás de su toma de decisiones.
La difícil tarea de conciliar
Para 'calmar las aguas', López Obrador emitió un segundo decreto, el 13 de febrero, apenas un día antes de la fecha límite que el Gobierno de su vecino del Norte había fijado para recibir una explicación.
Fiel a su estilo, el político tabasqueño intentó aliviar las tensiones con Washington, otorgando algunas concesiones, pero sin dejar de lado la parte modular de su estrategia.
En este segundo decreto se puntualiza que no se trata de una medida orientada a limitar las compras desde el exterior de forma súbita, sino de promover el uso de agroquímicos alternativos, así como semillas de maíz no transgénico para la alimentación humana.
El maíz amarillo (transgénico), se detalla en el documento, seguiría importándose sin restricciones para la alimentación del ganado y uso industrial, sin embargo, ya no sería utilizado para la elaboración de tortillas.
Evidentemente, la Administración estadounidense no quedó conforme con la respuesta y, días después, anunció la activación del mecanismo de consultas formales sobre este tema, en el marco del T-MEC.
Alyshia Gálvez, antropóloga e investigadora especializada en agricultura y políticas de salud radicada en Nueva York, comenta en entrevista con RT que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (el antecedente del T-MEC) en realidad "nunca fue un acuerdo de libre comercio".
Según ella, es más bien "un tratado hecho a la medida de las grandes corporaciones", que siempre han buscado obtener los mayores beneficios exigiendo al presidente en turno defender sus intereses frente a Gobiernos extranjeros.
"Más que un pacto comercial entre Gobiernos –indica la especialista–, el T-MEC es una herramienta de protección al servicio de empresas transnacionales que, en cualquier momento, tienen la facultad de acusar a México de violar sus normas".
Sin embargo, independientemente del pacto comercial, Gálvez considera que el Gobierno de México está en su derecho de aplicar la política agrícola que considere más conveniente y, al mismo tiempo, rechazar cualquier producto que sea dañino para la salud y el medio ambiente.
En este contexto, opina que para el Gobierno mexicano ha resultado muy difícil maniobrar políticamente en el plano interno por haber suscrito el T-MEC, un pacto comercial que, en vez de beneficiar a la nación latinoamericana, se ha convertido en un obstáculo.
"Más que un pacto comercial entre Gobiernos, el T-MEC es una herramienta de protección al servicio de empresas transnacionales que, en cualquier momento, tienen la facultad de acusar a México de violar sus normas", sostiene Alyshia Gálvez, antropóloga e investigadora especializada en agricultura y políticas de salud radicada en Nueva York.
"Se vendió como un acuerdo de libre comercio que iba a traer prosperidad a la región de América del Norte e iba a disminuir las desigualdades, pero en el caso del sector agrícola, hasta el momento ha sido utilizado por EE.UU. como un instrumento neocolonial para imponer sus intereses", alega la experta.
La soberanía alimentaria, ¿incompatible con el T-MEC?
En entrevista con RT, Víctor Suárez Carrera, titular de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, afirma que que el tratado de libre comercio no representa un impedimento para que México recupere su soberanía alimentaria.
El ingeniero agrónomo con especialidad en economía agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo argumenta que, en contraste con Gobiernos anteriores, el de López Obrador ha sido capaz de fortalecer el campo mexicano sin necesidad de romper con el pacto comercial.
Prueba de ello, explica, es que en los últimos años México ha conseguido incrementar su producción agrícola, con todo y el T-MEC y una economía mundial de 'capa caída' por efecto de la pandemia de covid-19.
Asimismo, comenta que la Subsecretaría a su cargo lleva a cabo programas de capacitación de pequeños y medianos productores (responsables de más de un 85% del abasto de alimentos) para promover el uso de técnicas e insumos que sean sustentables con el medio ambiente.
La insistencia en usar glifosato y maíz transgénico en México obedece, de acuerdo con Suárez Carrera, a que la agroindustria no está dispuesta a ver reducidas sus ganancias. "Se trata de apenas un puñado de grandes empresas", sentencia.
Los negocios en torno al glifosato y el maíz transgénico, detalla, van de la mano. Para el cultivo de maíz transgénico, la mayoría de los grandes productores utilizan glifosato como herbicida.
Entre tanto, corporaciones que comercializan semillas de maíz genéticamente modificado, como Bayer-Monsanto, son propietarias de marcas como Roundup (originalmente lanzada por Monsanto, que Bayer compró a mediados de 2018), dedicadas a la producción de glifosato.
Con todo, Suárez Carrera confía en que el Gobierno de EE.UU. dará marcha atrás a sus exigencias dado que, en términos legales, no le será posible doblegar a México para que ceje en su intento de aplicar una política agrícola propia, que respete humanos fundamentales como el derecho a la salud.
"Ningún acuerdo comercial puede estar por encima de la Constitución y de los convenios o tratados internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos (…) ellos [los altos funcionarios de EE.UU.] pueden presentar quejas, pero es improbable que ganen el caso", concluye.
Si el Gobierno del presidente López Obrador no logra llegar a un arreglo con su par estadounidense durante la etapa de 'consultas formales', el Gobierno de Joe Biden podrá iniciar entonces con las 'consultas técnicas'.
Ahora bien, si una vez llegados a este punto, las partes tampoco llegan a un acuerdo, Washington podría acudir finalmente un panel de solución de controversias, instancia que terminaría por emitir un fallo sobre el asunto.
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