La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó este martes un encuentro junto a referentes de la centroizquierda regional y volvió a denunciar la persecución político-judicial contra gobiernos y dirigentes de izquierda en América Latina.
La expresidenta afirmó que la "criminalización de la política tiene que ver con la redistribución del ingreso y la movilidad social ascendente" que han logrado expresidentes de la región.
Además, sostuvo que el 'lawfare' (guerra jurídica) "no se explica sin los medios de comunicación" porque, dijo, "las sentencias se escriben en los medios" y "después un juez o fiscal las suscriben".
"No nos persiguen por progresistas sino por igualar sociedades, por la justicia social, por el derecho de los trabajadores a participar activamente en el producto bruto de lo que producen", aseguró la líder peronista.
El encuentro, realizado en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en Buenos Aires, estuvo organizado por el Grupo de Puebla, en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos que tuvo su jornada de apertura este lunes, con la presencia del presidente argentino, Alberto Fernández.
Cristina Fernández de Kirchner estuvo acompañada por los expresidentes de Bolivia Evo Morales, de Ecuador Rafael Correa, de Colombia Ernesto Samper y de España José Luis Rodríguez Zapatero. También participó el coordinador del Grupo de Puebla, el chileno Marco Enríquez-Ominami, y el reconocido jurista y exjuez español Baltasar Garzón, entre otros.
'Voluntad popular y democracia: del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia', fue el título del conversatorio que tuvo a Cristina Kirchner como última oradora.
El evento se enmarca en lo que el peronismo ha denunciado como la "proscripción" de la exmandataria, tras ser condenada por la Justicia en la causa Vialidad, por presunta corrupción en la obra pública durante su gestión como presidenta. Ese proceso fue duramente cuestionado por graves irregularidades en la investigación ya que, según la defensa, estuvo "amañado" y "no se ajustó al derecho".
Respecto al desarrollo de esa causa, Fernández de Kirchner señaló: "No me importa si me van a meter presa, sino que volvamos a reconstruir un Estado democrático en el cual las garantías que establece la Constitución no sean cartón pintado".
Incluso antes de ser condenada, la exmandataria señaló que el fallo "ya estaba escrito" pese a todas las pruebas de su inocencia. La actual vicepresidenta recibió una pena de seis años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo, técnicamente no está "proscripta" porque aún podrá apelar la decisión este año en instancias judiciales superiores.
Fernández de Kirchner ya ha señalado públicamente que no será candidata "a nada", porque no quiere que la prensa y sectores opositores digan que el peronismo lleva a los comicios a una postulante condenada por la Justicia. La dirigente sostiene que la oposición de derecha, junto al Poder Judicial, trabaja en tándem para correrla de la escena política.
A esa presunta alianza, el oficialismo la llama el "partido judicial", y tendría su correlato histórico en el "partido militar" con el que la derecha gobernó en tiempos de la dictadura.