Comisión de Derechos Humanos de México concluye que militares ejecutaron a 5 jóvenes

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México concluyó que miembros del Ejército cometieron graves violaciones al dispararle a siete jóvenes, de los cuales cinco murieron, en un hecho ocurrido a fines de febrero en la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas.

En una resolución de 54 páginas, el organismo concluyó que los militares cometieron el delito de "uso excesivo de la fuerza mediante el uso ilegítimo de armas de fuego", ya que no había justificación alguna para que usaran sus armas.

En la madrugada del pasado 26 de febrero, los siete jóvenes salieron de una discoteca y se disponían a regresar a sus casas juntos en una camioneta, cuando los militares se acercaron y comenzaron a disparar.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, la primera versión extraoficial que se quiso instalar fue que se había tratado de un "enfrentamiento". Incluso circularon videos en las redes sociales que supuestamente mostraban a las víctimas con armas y dispuestas a disparar.

Sin embargo, con el correr de las semanas las pruebas demostraron que no había habido ningún enfrentamiento. Así lo tuvo que reconocer a mediados de marzo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Sin justificación

La CNDH explicó que entre el 26 y el 27 de febrero detectó las denuncias sobre la masacre en su monitoreo de medios de comunicación y redes sociales, por lo que inició una queja de oficio para realizar una investigación propia.

Después de entrevistar a los militares involucrados, a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas; y de analizar las evidencias, el organismo concluyó que el uso de la fuerza no fue gradual ni estuvo dirigida a un fin legítimo, lo que viola todo tipo de protocolo.

"No se advierte que los citados elementos hayan intentado realizar maniobras menos letales en contra de las víctimas, y que el uso de las armas de fuego en contra de estas haya sido estrictamente inevitable, como lo señala la legislación aplicable", señaló.

Entre los indicios, destaca que ningún militar resultó lesionado por disparos, y sus vehículos tampoco tenían huella de haber sido atacados, además de que a las víctimas no se les aseguró ningún arma de fuego. Los siete jóvenes, por su parte, habrían recibido 117 balas.

"Incumplieron con los principios de legalidad, racionalidad, necesidad, proporcionalidad, congruencia, oportunidad, eficiencia y profesionalismo que rigen su actuar. La Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) colocó en un estado de vulnerabilidad a (las víctimas) al ser objeto de una agresión arbitraria e ilegal mediante disparos de armas de fuego, acción que se llevó a cabo sin motivo alguno, ni justificación debida, sin comandos de voz de advertencia o bien maniobras menos letales", precisó la Comisión.

También consideró que este crimen configura "un punto de inflexión para la sociedad mexicana" y evidencia "el alto nivel de violencia" que permea el tejido social en Nuevo Laredo.

Por eso, añadió, las dos víctimas que sobrevivieron exigen de manera legítima el esclarecimiento de los hechos y con ello, el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño.

Recomendaciones

En medio de la conmoción provocada por este caso, la CNDH aseguró que, si bien la percepción nacional permea un clima de violencia en amplios sectores, es posible afirmar que el país se encuentra "en un proceso de transformación de cara hacia una efectiva rendición de cuentas y lucha contra la impunidad".

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Luego de analizar el caso, el organismo emitió seis recomendaciones para la Sedena, dependencia a la que le pide que colabore en los trámites para que las víctimas y sus familiares sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas; y para que a los sobrevivientes y a las familias afectadas se les ofrezca atención médica, psicológica y tanatológica.

Además, le exige colaborar en el proceso penal que se seguirá en contra de los militares involucrados de la muerte de cinco jóvenes.

Por otra parte, en un plazo de seis meses, la Sedena tendrá que impartir a los efectivos de Nuevo Laredo un plan de formación integral sobre el uso legítimo de las armas de fuego.

También deberá designar a un funcionario público de alto nivel para que opere como enlace de la CNDH, con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones.