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Constitucional de Bolivia valida unión civil entre personas del mismo sexo y promueve reformas

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El órgano dio a conocer la sentencia sobre un caso que demoró cinco años.
Guido Montaño y David Aruquipa

El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia validó por primera vez la legalidad de la unión civil entre una pareja del mismo sexo y convocó a la Asamblea Legislativa a realizar reformas que reconozcan este derecho a nivel nacional.

La sentencia, que fija un precedente en las luchas de los colectivos LGTBIQ en este país, está fechada en junio de 2022 pero recién fue publicada en la página del Tribunal y en los próximos días la pareja beneficiada recibirá la notificación formal.

Además, abre la puerta para que se avance en el matrimonio igualitario, que ya rige en la mayoría de los países de la región, y que todavía no es reconocido como tal en la nación andina.

La resolución del Tribunal concluye un proceso que David Aruquipa y Guido Montaño iniciaron en 2018, cuando impugnaron una decisión del Servicio de Registro Cívico (Sereci) que se negaba a registrar su unión.

En diciembre de 2020, el Órgano Electoral Plurinacional les dio la razón en un fallo preeliminar, lo que permitió que ese mismo mes firmaran la "unión libre", pero la palabra final la tenía la Sala Constitucional Segunda, que demoró dos años más en ofrecer una respuesta que ratifica la validez del trámite.

Derechos

La sentencia dada a conocer esta semana consta de 40 páginas que describen el caso y deja sin efecto la resolución del Registro Cívico que se negaba a inscribir la unión de Aruquipa y Montaño.

También reconoce el derecho de la pareja a la igualdad y a no ser discriminada por su orientación sexual e identidad de género.

En otro de sus apartados, exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional "a que adecúe la norma interna que regula los derechos de personas LGBTI, a los estándares de protección establecidos en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia".

Esto significa que el Poder Legislativo deberá elaborar proyectos de ley que garanticen el derecho de las personas del mismo sexo a unirse legalmente, lo que evitará que cada pareja tenga que judicializar su caso.

Por otra parte, la sentencia ordena a la Defensoría del Pueblo el constante seguimiento a las medidas legislativas, administrativas y judiciales que el Estado impulse en pos de la protección de los derechos de las personas LGBTI.

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