El pleno del Congreso de la República de Perú aprobó este miércoles la denuncia constitucional en contra de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y los exministros de Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
La acusación contra Chávez fue respaldada con 66 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones. Asimismo, el pleno aprobó suspenderla de sus funciones constitucionales como congresista con 66 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones.
Entretanto, con 57 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones, se aprobó acusar constitucionalmente al exministro Huerta.
En lo que respecta a Sánchez, el Congreso resolvió aprobar la causa penal en su contra con 50 votos a favor, 21 en contra y 13 abstenciones. No obstante, el extitular de Comercio Exterior y Turismo continuará en el ejercicio de sus funciones constitucionales como congresista mientras duren las investigaciones en su contra. Su suspensión fue rechazada con 27 votos a favor, 39 en contra y 18 abstenciones.
Chávez, Huerta y Sánchez fueron designados por Pedro Castillo y los sindican por los hechos sucedidos el 7 de diciembre de 2022, cuando el exmandatario intentó disolver el Parlamento.
Ahora el expediente con la acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación, que es el ente encargado de formular la respectiva denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia en un plazo de cinco días naturales.
El pasado 14 de marzo, la Comisión Permanente del Congreso autorizó el informe enviado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra los tres exfuncionarios.
Reacción de los implicados
En su defensa ante el Congreso, Chávez aseguró que "desde el día uno" se ha sometido a la investigación desplegada por el Ministerio Público, e incluso ha "respetado sus arbitrariedades" entendiendo que sus decisiones son "enteramente políticas". Además, negó las acusaciones de la prensa de querer escapar del país y recordó que ella misma había solicitado el impedimento de salida.
La expresidenta criticó la falta de descentralización de la política nacional, que divide a los ciudadanos en "peruanos de primera y segunda clase", y abogó por una reconciliación del país basada en un "pacto social" donde participen los pueblos originarios, y los trabajadores y sindicatos puedan "sentarse a conversar y dialogar con los gremios empresariales, y puedan argumentar".
"Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar el respeto por la institucionalidad de este país. Recuperar el equilibrio de los tres poderes del Estado. Es una arbitrariedad que el Congreso elija presidentes de la república por encima de la voluntad popular (…) o que sus decisiones estén por encima del poder ejecutivo y judicial", aseveró.
Previamente, el exministro de Comercio Exterior y Turismo —que también es congresista— declaró ante la prensa que no estuvo involucrado "en algún acto ilícito en el ejercicio de mis funciones", al tiempo que descartó la posibilidad de escaparse.
"Cada vez que hubo estos hechos, siempre fui el primero en decir que las investigaciones tienen que hacerse siempre y tienen que determinarse los ilícitos caiga quien caiga. Uno tiene que dar la cara, no tiene que fugarse y tiene que demostrar la claridad de sus actos", dijo Sánchez.