La ola de protestas que se desató en Perú en diciembre de 2022 tras la asunción de Dina Boluarte dejó casi 70 muertes, de las cuales la mayoría fue por choques con las fuerzas del orden, lo cual provocó múltiples reacciones internacionales. Por ello, el Gobierno tomó acciones en materia de imagen pública.
La Embajada de Perú en EE.UU. contrató a la consultora Patriot Strategies LLC, desembolsando 55.000 dólares para limpiar la imagen de Boluarte, como se observa en los contratos a los que tuvo acceso el diario local Perú21.
Del 1 al 29 de marzo estará vigente este acuerdo, que puede ser renovado, en el cual Patriot Strategies divulgará mensajes a favor del Gobierno de Boluarte ante la Casa Blanca, el Congreso de EE.UU., instituciones académicas, la comunidad empresarial, los medios de comunicación, grupos de especialistas y algunas organizaciones no gubernamentales.
Por estos servicios, la Embajada peruana pagó 40.000 dólares, mientras que desembolsó otros 15.000 para cubrir gastos de representación, como uso de documentos, alquiler de equipos o viajes.
Igualmente, el Ejecutivo contactó a otro grupo de cabildeo para realizar esta misma labor en Bélgica.
Respuesta oficial
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó al medio citado la contratación de la empresa en EE.UU. y lo adjudicó a un "fin específico de relacionamiento y promoción de la imagen".
"Se trata de mostrar una imagen del Perú ante las distorsiones que se presentan, hay medios críticos que distorsionan la realidad", respondió la Cancillería.
La semana pasada The New York Times publicó una investigación que, con base en la revisión de cientos de videos e informes de autopsias, reveló que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú usaron armas letales contra civiles desarmados.
"Tanto los militares como las fuerzas de la Policía Nacional han participado en las medidas represivas que se han concentrado en las provincias del sur, donde Castillo tenía su base de apoyo", puntualizó.
Las movilizaciones contra Boluarte, en la que exigen su renuncia para adelantar las elecciones, arroja 67 fallecimientos, de los cuales, 49 eran civiles que perdieron la vida a manos de las fuerzas del orden, contabilizó la Defensoría del Pueblo.