Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) le advirtieron al primer ministro Benjamín Netanyahu que cada vez son más los militares que se niegan a presentarse a sus funciones en señal de protesta por un controvertido proyecto judicial que concedería un gran poder al Ejecutivo, y alertan que, en caso de aprobarse, la crisis dentro de la institución militar se profundizaría. Así se lo comunicó el jefe de personal de las FDI, Herzi Halevi, en una reunión con el mandatario este miércoles, según medios locales.
En la misma jornada, reservistas de múltiples unidades declararon que no se presentarán a servicio, entre ellos 700 soldados de una de las principales brigadas de las FDI, que enviaron una carta a las autoridades instándolas a hacer todo lo posible para detener el proyecto. "Esto es una violación del contrato social. Este no es el camino del Estado de Israel", reza la misiva.
¿Crisis en el Ejército israelí?
En otra carta, 100 reservistas de alto rango de la Fuerza Aérea informaron que tomaron una decisión similar y se sumaron a los 180 pilotos, 50 controladores y 40 operadores de drones que ya han dado ese paso.
Asimismo, reportes de la prensa local indicaron que las FDI identificaron una caída significativa en la cantidad de tropas de la fuerza terrestre que se reportaron para el servicio de reserva. En una brigada de élite de paracaidistas solo el 57 % de los reservistas se presentaron para el servicio esta semana, una disminución significativa de la participación habitual del 90 %.
Además, los suboficiales de la División de Operaciones Especiales de la Inteligencia Militar notificaron a las FDI que planean cancelar sus contratos si se aprueba la legislación.
- El proyecto de reforma prevé otorgar al Ejecutivo israelí una influencia decisiva en la selección de los jueces y limita el alcance de la Corte Suprema para derogar leyes o fallar en contra del Gobierno.
- Los críticos consideran que esto debilitaría en gran medida la independencia del poder judicial, dado que Israel no tiene una Constitución, sino solo una comisión del Parlamento, controlada por la coalición gubernamental, para dirimir tales asuntos.