Gobierno de Perú anuncia una reforma a la Policía Nacional: "Estamos limpiando la institución"

El Gobierno de Dina Boluarte anunció este lunes que iniciarán un proceso de reforma en la Policía Nacional del Perú (PNP), en medio de las investigaciones por presuntos actos de corrupción y a pocas semanas de la ola de protestas antigubernamentales, que dejaron varias denuncias por la represión estatal.

En una conferencia de prensa ofrecida por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, comunicó que la medida ya fue encargada al ministro del Interior, Vicente Romero.

"La señora presidenta (Dina Boluarte) se lo ha dicho con énfasis, que inicie un proceso de reforma al interior de la Policía Nacional y que esta reforma signifique el reclutamiento de cuadros técnicos, la promoción de aquellos que han trabajado bien en la seguridad ciudadana y, por supuesto, una lucha frontal contra la corrupción", dijo.

Otárola destacó la destitución de Raúl Alfaro Alvarado como comandante general de la PNP por su supuesto vínculo con Jorge Hernández, investigado por liderar una presunta red de espionaje encabezada por el expresidente Pedro Castillo. Asimismo, habló de una serie de cambios de colocación en la institución.

"En consecuencia, estamos limpiando la institución y creo que esta limpieza tiene que ser de manera inmediata y tiene que significar que tengamos: uno, una cadena de responsabilidades y, en segundo lugar, creemos que tiene que haber una revaloración respecto del papel de la Policía al interior de nuestra sociedad", sostuvo.

Sumado a esto, criticó la administración de Castillo e indicó que encontraron el Ministerio del Interior "absolutamente desarticulado, desarmado, sin oficinas de enlace, sin un elemental procesamiento para la toma de decisiones que permitan el cuidado del orden público y la seguridad de los ciudadanos".

La ONU, preocupada por "uso desproporcionado de la fuerza" durante las protestas en Perú

Represión en Perú

La Defensoría del Pueblo contabiliza 67 fallecimientos durante las movilizaciones en contra de Boluarte y el Congreso de la República, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

En su informe, se expone unas 49 muertes civiles en enfrentamientos con las fuerzas del orden, 11 civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos, y siete uniformados (seis militares y un policía) fallecidos en el contexto del conflicto. 

Tanto Boluarte como Otárola han enfatizado, al ser consultados por la prensa, que respaldan las investigaciones de la Fiscalía de la Nación sobre el accionar policial y militar, pero de momento no han realizado cambios con motivo de la violencia en las manifestaciones.