Amnistía Internacional sostiene que en 2022, en España, se ha agravado "el clima de impunidad y la falta de rendición de cuentas" sobre la vulneración de los derechos humanos debido a que, entre otras cuestiones, las autoridades no han investigado la masacre de la valla de Melilla, donde perdieron la vida entre 27 y 37 personas que intentaban ingresar al país europeo a través de la frontera que lo separa de Marruecos.
Esta es una de las conclusiones del informe 2022 de la organización internacional, que también pone el acento en más situaciones que denuncia: el espionaje a políticos catalanes y miembros de la sociedad civil, la persistencia de la violencia contra las mujeres, la criminalización del trabajo sexual, la falta de protección de los derechos a la vivienda y la sanidad o la coacción a los derechos de reunión y de libertad de expresión, entre otros.
En un sentido positivo, la institución destaca la nueva legislación que elimina barreras para el acceso al aborto, la "histórica" ley sobre autodeterminación de género o los nuevos pasos que se dieron contra la impunidad de las violaciones cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Derecho a la privacidad
Amnistía Internacional se hace eco del uso del 'software' espía Pegasus de la compañía israelí NSO Group, utilizado para infectar los teléfonos móviles de políticos catalanes, así como de periodistas, abogados y familiares del entorno independentista.
Recoge que, en mayo, la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) admitió que el organismo a su cargo era responsable de varios de esos espionajes.
Asimismo, el Gobierno de España también confirmó que los teléfonos oficiales del presidente, el ministro de Interior y la ministra de Defensa habían sido infectados con Pegasus. En mayo, el Tribunal Superior de Justicia inició una investigación sobre estos hechos, mientras que las pesquisas relacionadas con el espionaje en el ámbito independentista permanecieron estancadas en los tribunales catalanes.
Violencia sexual y de género
En cuanto a la violencia contra las mujeres, la organización sin ánimo de lucro reseña que durante el año 49 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, incluyendo el homicidio de dos niños en el marco de las agresiones hacia sus madres.
Asimismo, el Ministerio de Igualdad es felicitado por comenzar a recoger datos sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres por personas que no son sus parejas o exparejas.
También considera de manera positiva la entrada en vigor de la Ley de Protección Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', que modificó el Código Penal redefiniendo los delitos de violencia sexual, fijando el centro en la ausencia de consentimiento.
Además, destaca la reforma de la ley sobre los derechos sexuales y reproductivos para eliminar el requisito del permiso paterno para las jóvenes de 16 y 17 años que deseen abortar, así como otras barreras, por ejemplo, el periodo de reflexión o la falta de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos.
Derecho a la salud
La institución también critica que los gobiernos, tanto nacionales como regionales, hayan asignado un presupuesto deficiente para atender el derecho a la salud, citando el 14 % dedicado a la atención primaria, frente al mínimo del 25 % recomendado por la OMS. Paralelamente, denuncia que varias regiones, en concreto Aragón y Castilla La Mancha, redujeron sus presupuestos sanitarios con respecto a 2021.
Como aspecto positivo en este apartado, se señala que a fin de año se aprobó una nueva estrategia de salud mental, con un alcance de 5 años, que comenzó a implementarse tras un paréntesis de 15 años.
Falta de investigación sobre las muertes de mayores durante la pandemia
Un apartado específico merecen las muertes de personas mayores dependientes que se produjeron durante la pandemia de coronavirus. Amnistía critica duramente que las autoridades "no investigaran adecuadamente" estos fallecimientos.
Así, apunta que alrededor del 90 % de las investigaciones iniciadas por los fiscales fueron archivadas, a pesar de que el Fiscal General había reconocido que se produjeron violaciones a los derechos humanos en las residencias de la tercera edad.
El mismo destino tuvieron la mayoría de las comisiones de investigación regionales, a pesar de las denuncias recogidas por el defensor del pueblo.
Derecho a la vivienda
El problema de acceso a la vivienda que el país arrastra desde hace años, con elevados precios tanto para el alquiler como para la compra, también ha merecido la mención de la entidad, que se hace eco del hecho de que, entre enero y septiembre del año pasado, se produjeron 29.285 desahucios de vivienda habitual.
Si bien el Gobierno renovó, desde junio hasta diciembre, la suspensión de los desahucios para personas vulnerables, la medida no se aplicó a miles de personas que no cumplen los requisitos para entrar en esta categoría.
También se apunta a la pobreza energética de las familias, con un 14,3 % de la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, 3,4 puntos por encima de 2020.
Especialmente relevante al respecto es la situación del barrio de la Cañada Real, en Madrid, donde alrededor de 4.500 personas, entre las que se encuentran aproximadamente 1.800 niños, no tienen acceso a la electricidad desde 2020.
Críticas a las labores policiales
El informe destaca la preocupación por el entrenamiento y los protocolos para el uso de armas por parte de varios cuerpos policiales del país, después de que el Ministerio del Interior incluyera los equipos de electrochoque.
En este sentido, se nombra la muerte de un hombre en Barcelona luego de que agentes de la Policía regional le hicieran varias descargas eléctricas en noviembre de 2021, incluso cuando ya estaba inmovilizado. Todavía no se han presentado cargos contra ningún sospechoso por este caso.
Asimismo, se relata la presencia de personas gravemente heridas por pelotas de gomas disparadas por la Policía durante manifestaciones, que corren "el riesgo de que se les negara justicia, ya que los fiscales planeaban cerrar las investigaciones penales debido a la falta de cooperación de la Policía", recoge el texto.
Las críticas más duras en este apartado son para la Ley de Seguridad Pública, que, en su opinión, limita la libertad de expresión de manifestantes y periodistas. Así, los datos recogidos muestran un aumento en el número de multas impuestas por infracciones penales "vagamente definidas", como la falta de respeto a un agente o desobediencia o resistencia.