El Gobierno mexicano publicó por primera vez un mapa de las fosas clandestinas encontradas desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico y en las que fueron echados miles de cuerpos que, en gran parte, todavía no han sido identificados debido a la falta de capacidad de los servicios forenses.
Los datos, que fueron recopilados por la Comisión Nacional de Búsqueda, fueron divididos en dos periodos. El primero abarca desde 2006 a 2018, es decir, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en los cuales se descubrieron 2.835 fosas.
El segundo contabiliza desde diciembre de 2018, cuando asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces, han sido halladas 2.710, lo que representa el 49 %.
En total, se trata de 5.545 fosas clandestinas que demuestran la crisis de violencia que padece México y que incluye a cientos de miles de personas asesinadas, más de 110.000 desaparecidas y decenas de miles de cuerpos que han sido encontrados, pero a los que todavía no se les puede identificar.
Estas cifras, además, crecen a diario porque la violencia no cesa. De acuerdo con el mapa, entre 2006 y 2018, los estados con el mayor número de fosas clandestinas fueron Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Guerrero y Zacatecas.
El orden cambió entre 2018 y 2023, ya que la lista de estados con mayor número de fosas la encabezaron Colima, Sinaloa, Guerrero, Jalisco y Michocán.
Por el contrario, no se reporta ninguna en la Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Chiapas y Yucatán.
La información fue concentrada por la Comisión Nacional de Búsqueda, con base en reportes de la Fiscalía General de la República y en las fiscalías estatales, pero ni siquiera son datos cerrados porque todos los días se siguen buscando y encontrando nuevas fosas.
Críticas
La Comisión Nacional de Búsqueda aclaró que los datos del mapa corresponden a un registro interno y no es el Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas que debería crearse por ley, pero que todavía no existe.
También explican que el momento del hallazgo no permite determinar la fecha de desaparición y muerte de las personas, ni la fecha en la que se realizó la fosa.
Esto significa, por ejemplo, que las 2.701 fosas encontradas durante el Gobierno de López Obrador podrían haberse excavado en pasadas administraciones. La fecha solo puede precisarse a través de los exámenes forenses a los cuerpos encontrados.
"La plataforma permite tener una visualización espacial y geográfica de fosas clandestinas. Además de la visualización desde la dimensión geográfica, podrán obtenerse datos numéricos sobre las fosas clandestinas por estado y municipio", detalla el informe que acompaña el mapa.
En cuanto se publicó el mapa, comenzaron las críticas por parte de activistas y periodistas debido a que no se especifica el número de víctimas encontradas en las fosas.
"Los que tenemos datos más exactos somos las familias, que somos las que hacemos labores de investigación", afirmó David Molina Rodríguez, dirigente del Colectivo de Familiares de Desaparecidos en Guerrero Lupita Rodríguez, tras considerar que hay un subregistro de las fosas reportadas en ese estado.
El sociólogo Jorge Ramírez, por su parte, aseguró que el incumplimiento del Gobierno para crear un Registro Nacional demuestra "la total irrelevancia" que se le da al tema.
"Un mapa de fosas por entidad federativa es casi nada de información. Ni en el mapa ni en los archivos que parecen alimentarlo hay información de los municipios. Un recuento de fosas, pues, es un indicador poco fiable y menos a lo largo del tiempo", consideró Ramírez, al explicar que la información es poco útil si no se contrasta con el número de víctimas encontradas.
El origen
La desaparición forzada de personas, que es un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible, se transformó en un problema central en México a partir de 2006, el año en el que el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico.
Desde entonces, las organizaciones criminales que operan en el país se multiplicaron y, en muchos casos en complicidad con funcionarios, cometen masacres y esconden los cuerpos de sus víctimas, o lo que queda de ellas, en fosas clandestinas.
Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto no reconocieron la magnitud de la crisis humanitaria ni ayudaron a los familiares de los desaparecidos, lo que los obligó a organizarse por su cuenta para crear colectivos de búsqueda.
Fueron ellos, en particular grupos de madres, quienes escarbaron terrenos con sus manos y herramientas precarias y comenzaron a descubrir fosas comunes en todo el país.
A diferencia de sus antecesores, López Obrador sí asumió la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y reconoció la responsabilidad del Estado.
En octubre pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó un informe en el que reportó que, durante este Gobierno se habían localizado 2.386 fosas clandestinas y exhumado más de 4.000 cuerpos humanos.
Antes, ya había reconocido que la violencia y la cantidad de víctimas sobrepasaron a los servicios forenses y provocaron que haya 52.000 cuerpos sin identificar.