El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, aseguró este martes que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca "legalizar" toda la cadena criminal del narcotráfico, con los proyectos de ley radicados ante el Congreso del país suramericano, en el marco de la denominada 'paz total' de la actual administración.
"El Gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia y yo me he opuesto. Como fiscal general no permitiremos que pase, porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos en este momento, independientemente de lo que se plantee, pero esa es una situación que estamos viviendo", dijo Barbosa durante su participación en un seminario en Santo Domingo, República Dominicana, reseñó el medio colombiano Pulzo.
Además de eso, Barbosa afirmó que desde Colombia están saliendo al año más de 1.000 toneladas de clorhidrato de cocaína, sustancia que está valuada en 5 millones de dólares en ese país, mientras que en Europa o Norteamérica, su costo supera los 60 millones de euros.
"Estamos hablando de flujos de 500, 600, 1.000 y 1.500 toneladas de clorhidrato de cocaína que pueden estar saliendo, sin ahondar en las otras actividades criminales como la minería ilegal, porque una cosa es la cocaína y otra cosa es el oro", añadió.
La relación de Petro y Barbosa es complicada y ha sido de choques constantes. La semana pasada, el mandatario acusó al fiscal de no investigar sobre los hechos de corrupción con los bienes incautados a la mafia.
"La Fiscalía tiene testigos importantes y los fiscales deberían investigar a esos testigos causantes, incluso, delincuentes mismos, de ese saqueo. En vez de callarlos deberían pedirles la verdad, como es la función de la Fiscalía", comentó Petro.
Por otro lado, el fiscal ha lanzado duras críticas al proyecto de ley que establece los fundamentos para el sometimiento a la justicia de estructuras criminales de alto impacto, que fue presentado por el Ejecutivo ante el Congreso a mediados de marzo.
Se trata de la herramienta principal para hacer realidad la política de "paz total" propuesta por el gobierno del Petro a los colombianos. El proyecto, según explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, "contiene una oferta generosa por parte del Estado colombiano a esas estructuras criminales de alto impacto, para que si se entregan, confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información sobre sus patrones criminales y reparan a las víctimas, el Estado les entregue un tratamiento penal más benigno que el ordinario".
Al respecto, el fiscal general ha dicho públicamente que no va a permitir que la norma pase en el Congreso.